Fiscalía de Entre Ríos admitió denuncia impulsada por asesor legal de Petrobras y YPFB, mientras Defensoría del Pueblo y abogados advierten criminalización de la defensa ambiental y vulneración de derechos colectivos
Sectores sociales, activistas ambientales y defensores de derechos humanos expresaron su rechazo al inicio de acciones penales contra 17 comunarios del cantón Chiquiacá, en Tarija, acusados por presuntos delitos tipificados en los artículos 124, 132 y 303 del Código Penal. Las denuncias se relacionan con la oposición de estas comunidades a las actividades hidrocarburíferas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
El proceso fue abierto por la Fiscalía de Entre Ríos, provincia O’Connor, a raíz de una querella presentada por el abogado Fernando Vargas Guzmán, quien ejerce como asesor jurídico de Petrobras Bolivia S.A. y actúa también en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Según información confirmada por la defensa, todos los comunarios sindicados ya prestaron su declaración informativa ante el Ministerio Público, cumpliendo con el primer procedimiento establecido por la ley.
Ante la situación, abogados de la ciudad de Tarija asumieron de manera gratuita la defensa de seis de los procesados. Rodrigo Castillo, uno de los juristas patrocinantes, informó que el equipo legal se trasladó hasta Chiquiacá para recabar testimonios directos y verificar las condiciones sociales y económicas de las familias involucradas. Indicó que varios de los acusados son adultos mayores sin recursos para costear una defensa técnica.
Castillo cuestionó que personas que resguardan una reserva nacional sean llevadas ante la justicia penal. Asimismo, pidió a instituciones cívicas y organizaciones sociales acompañar el proceso desde el territorio, señalando que la defensa del área protegida se sostiene en las comunidades y no solo en espacios urbanos.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció. Su titular, Pedro Callisaya, manifestó que este caso refleja un escenario preocupante de criminalización de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Recordó que la institución ya realizó seguimiento a procesos anteriores contra comunarios de Chiquiacá y que el tema fue expuesto incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Callisaya alertó sobre el ingreso de un contingente policial junto a personal de Petrobras, registrado el pasado 5 de enero, para instalar un campamento en la zona. Señaló que no se habría cumplido adecuadamente el proceso de consulta pública ni se socializaron de forma transparente los estudios de impacto ambiental, requisitos exigidos por la normativa vigente y el Acuerdo de Escazú, tratado internacional suscrito por Bolivia.
Por su parte, la activista Nelly Coca afirmó que las comunidades solo buscan proteger el agua y el territorio donde habitan. Indicó que la exploración petrolera podría afectar las fuentes hídricas que abastecen a pobladores y animales del lugar.
