La institución defensorial acudió al juzgado agroambiental para suspender perforaciones, mientras Hidrocarburos confirmó que seguirá con proyecto exploratorio, argumentando cumplimiento legal, inversiones comprometidas y beneficios económicos para departamento de Tarija.

La solicitud de la Defensoría del Pueblo para paralizar de manera provisional el proyecto exploratorio Domo Oso X-3 marcó un nuevo punto de tensión en Tarija. La entidad presentó la acción ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos con el objetivo de frenar los trabajos en el Bloque San Telmo Norte hasta que se aclaren observaciones técnicas y legales vinculadas al proceso.

Según la información oficial difundida por la Defensoría, la medida cautelar busca prevenir posibles daños ambientales irreversibles en el área de influencia de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. La institución señaló que existen cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos para la licencia ambiental, la aplicación adecuada del derecho a la consulta previa y el respeto a estándares internacionales de protección ambiental.

La Defensoría explicó que su intervención responde a su mandato constitucional de resguardar derechos humanos, en especial el derecho a un entorno saludable. Además, recordó que Bolivia es parte del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la protección de defensores del medio ambiente. En ese marco, anunció un seguimiento permanente tanto al proceso judicial iniciado contra comunarios como a la situación social en la zona.

El escenario en Tarija continúa marcado por la conflictividad. Tras una audiencia pública promovida por la Brigada Parlamentaria del departamento, que concluyó sin acuerdos, el Comité Cívico Departamental convocó a una Asamblea de Instituciones. Su presidente, Jesús Gira, confirmó que el encuentro tiene como único punto de debate la situación de Tariquía y la conformación de una comisión técnica y legal para evaluar el caso.

Durante esa audiencia, el presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, defendió la legalidad del proyecto. Aseguró que se cumplieron todos los procedimientos administrativos exigidos por la normativa vigente y que el pozo se ubica a aproximadamente 1,5 kilómetros del área protegida. También sostuvo que se realizó la consulta previa correspondiente.

Sin embargo, el senador tarijeño Rolando Vacaflor expresó reparos al proceso y alertó sobre posibles impactos indirectos derivados del movimiento de maquinaria, el desmonte y la generación de residuos. Según el legislador, estas actividades podrían afectar al río Saicán y a las cuencas de los ríos Tarija y Bermejo.

La tensión aumentó el fin de semana con denuncias de comunarios sobre el ingreso de maquinaria pesada de la empresa IST, subsidiaria de Petrobras, al municipio de Entre Ríos. Ante esta situación, las comunidades anunciaron vigilancia permanente y posibles medidas de presión si continúan las operaciones.

Pese a la solicitud de la Defensoría, el Ministerio de Hidrocarburos ratificó la continuidad del proyecto. El viceministro de Exploración y Explotación, Caleb Montes, informó que están en riesgo una inversión aproximada de 40 millones de dólares y eventuales ingresos de hasta 900 millones, además de regalías para Tarija, reiterando que el pozo se encuentra fuera de la reserva.