La defensa del exvicepresidente Jorge Glas cuestionó al Gobierno de Daniel Noboa por difundir imágenes y trasladarlo sin cumplir procedimientos establecidos por la Corte-IDH, alertando riesgos para su integridad física.
La defensa del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas sostuvo este lunes que el Gobierno de Daniel Noboa habría actuado al margen de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, tras concretarse su traslado a un centro penitenciario catalogado de máxima seguridad. La abogada Sonia Vera, representante legal del exmandatario, afirmó que la reubicación se llevó a cabo sin el debido proceso y sin las garantías mínimas que exige la normativa interamericana en materia de derechos humanos.
El reclamo surge luego de que el propio presidente Noboa difundiera en medios digitales fotografías de Glas dentro de la nueva prisión, acompañadas de un mensaje que generó controversia dentro y fuera del país. Para la defensa, la exposición pública del exvicepresidente constituye un acto de desvalorización de la dignidad humana, puesto que los estándares internacionales prohíben exhibir a personas privadas de libertad con fines propagandísticos o intimidatorios.
Vera explicó que la medida fue ejecutada sin que los abogados fueran notificados, sin una revisión médica previa y sin la participación de la Mesa Técnica solicitada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según la jurista, estas acciones configuran una infracción grave a la Convención Americana y evidencian un desacato a las resoluciones que deben ser respetadas por todos los órganos estatales, incluidas las autoridades encargadas del sistema penitenciario.
De acuerdo con la abogada, esta situación no solo representa una vulneración de los derechos del exvicepresidente, sino que también compromete la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano. Advirtió que las condiciones de encierro podrían afectar la salud e integridad de Glas, tomando en cuenta los antecedentes del sistema carcelario del país, marcado por episodios de violencia, fugas y masacres registradas durante los últimos años.
El traslado de Glas se produce en medio de un contexto político tenso, donde la seguridad penitenciaria es presentada por el Gobierno como una prioridad. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el uso de la prisión como herramienta de presión política, señalando que la exposición pública de reclusos puede reforzar ese enfoque.
Jorge Glas fue retenido en abril de 2024 dentro de la Embajada de México en Quito, pese a contar con asilo político otorgado por ese país. Tras su detención, ha permanecido recluido en distintos centros penitenciarios y actualmente forma parte de un grupo de alrededor de 300 internos clasificados como de alta peligrosidad, trasladados a la denominada “Cárcel del Encuentro”, instalación que aún no ha sido inaugurada oficialmente.
En junio de este año, la Corte Nacional de Justicia ratificó una sentencia de 13 años de prisión contra Glas por un presunto caso de malversación de fondos públicos, imponiéndole además inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.