La captura del expresidente Luis Arce marcó un giro abrupto en la investigación por el desfalco del Fondo de Desarrollo Indígena. Una figura que hasta hace poco encabezaba el Ejecutivo ahora permanece en celdas policiales, sin declarar y en medio de acusaciones graves que lo vinculan directamente a uno de los mayores escándalos económicos asociados a recursos comunitarios. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostiene que los delitos atribuidos a Arce configuran responsabilidades ineludibles y que el caso debe avanzar con celeridad. La Fiscalía, a su vez, confirmó que el exmandatario se acogió al silencio y que en las próximas horas se formalizará una imputación.
Esta segunda nota profundiza en los hechos, las tensiones políticas y los impactos inmediatos de un proceso que podría enfrentar a un expresidente directamente con la justicia penal ordinaria.
MINISTRO OVIEDO DETALLA LOS CINCO DELITOS Y VINCULA A ARCE CON UN DAÑO MILLONARIO
Durante una declaración pública emitida la noche del miércoles, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, fue categórico al señalar que las investigaciones del caso Fondioc identifican una línea directa de responsabilidad que compromete al exmandatario Luis Arce en hechos ocurridos antes de su presidencia, cuando ocupaba el cargo de ministro de Economía y presidía la directiva del Fondo de Desarrollo Indígena.
Oviedo enumeró cinco delitos que, afirmó, están respaldados por informes y documentación oficial: conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y uso indebido de influencias. A su juicio, estas figuras penales configuran un cuadro general donde la administración del Fondo no solo fue negligente, sino directamente perjudicial para el Estado y para las comunidades indígenas a las que estaban destinados los recursos.
Aseguró que el daño económico confirmado alcanza los 360 millones de bolivianos, aunque aclaró que los cálculos preliminares podrían elevar esa cifra considerablemente. Algunas auditorías internas señalan irregularidades que, de consolidarse, podrían sumar más de 700 millones de dólares en daños y perjuicios. El ministro subrayó que este desfalco no solo afectó las arcas del Estado, sino que generó un impacto social profundo, ya que los fondos estaban destinados a proyectos productivos, infraestructura comunitaria y programas de desarrollo rural.
Oviedo también hizo referencia a las detenciones ya ejecutadas, como la de la exdiputada Lidia Patty, y anticipó que más exfuncionarios y beneficiarios serán citados y posiblemente procesados. Destacó que “este proceso no terminará en una sola persona”, pero insistió en que Arce, como máxima autoridad económica de aquel periodo, deberá responder por las decisiones firmadas y por los desembolsos aprobados sin sustento técnico.
Para el ministro, no existe discusión jurídica respecto al tipo de proceso que corresponde. Como los hechos fueron cometidos cuando Arce era ministro y no presidente, la figura del juicio de responsabilidades no aplica. En consecuencia, sugiere que el exmandatario debe enfrentar un proceso penal ordinario, en igualdad de condiciones que cualquier funcionario acusado de corrupción.
APREHENSIÓN EN LA PAZ, VERSIONES CONTRAPUESTAS Y UN PROCESO QUE ESCALA
La detención de Luis Arce ocurrió la tarde del miércoles en la ciudad de La Paz, donde efectivos policiales, en cumplimiento de la orden firmada por el fiscal Miguel Ángel Cardozo Ramírez, procedieron a la aprehensión. La instrucción fiscal acusa al exmandatario de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica dentro del caso Fondioc. Tras el operativo, Arce fue trasladado directamente a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanece bajo custodia.
La medida generó reacciones inmediatas, tanto a favor como en contra. La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, calificó la detención como “ilegal”, asegurando que el procedimiento no respetó principios mínimos del debido proceso. Según Prada, no existe evidencia suficiente para justificar una aprehensión sin previa citación o sin una declaración que permita a Arce explicar su participación en los hechos investigados. Señaló que la decisión de capturarlo responde a motivaciones políticas y pidió una revisión independiente del proceso.
En contrapartida, la Fiscalía defendió la legalidad de la aprehensión. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, explicó que la orden de captura se emitió tras una ampliación de denuncia presentada por el nuevo representante del Fondo Indígena, quien habría aportado documentación adicional. Mariaca remarcó que Arce está siendo investigado exclusivamente por hechos ocurridos durante su gestión como ministro de Economía, y no por decisiones tomadas durante su mandato presidencial.
Para Mariaca, hablar de persecución política carece de fundamento. Aseguró que el Ministerio Público actúa sobre la base de evidencias, auditorías y reportes institucionales, y que el caso Fondioc reviste gravedad debido al volumen de los recursos comprometidos y al daño generado a comunidades indígenas.
El proceso avanza en un clima de tensión creciente, con sectores políticos denunciando abusos y otros exigiendo sanciones ejemplares. Lo que es claro, de momento, es que la detención ha escalado rápidamente el nivel de conflicto institucional.
EXMANDATARIO OPTA POR EL SILENCIO Y ESPERA IMPUTACIÓN EN CELDAS POLICIALES
Uno de los momentos más críticos del procedimiento ocurrió en el Ministerio Público, cuando Luis Arce, acompañado de su defensa legal, decidió acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio. Según el Fiscal General, la diligencia se realizó sin presiones y respetando el marco jurídico. Tras su decisión, Arce fue conducido inmediatamente a las celdas policiales, donde permanece a la espera de que la Fiscalía presente formalmente la imputación en su contra.
La decisión de callar generó diversas interpretaciones. Para algunos sectores, el silencio es una estrategia legal lógica ante acusaciones amplias y aún no totalmente detalladas. Para otros, es una señal de preocupación frente a la evidencia acumulada. Lo cierto es que la determinación marca un momento clave en el proceso, ya que coloca al exmandatario en una posición defensiva frente a las autoridades judiciales.
La Fiscalía informó que la imputación formal será presentada en las siguientes horas y que incluirá información administrativa y financiera recopilada en las auditorías del Fondo Indígena. Entre los elementos centrales se encuentran resoluciones firmadas por Arce, autorizaciones de proyectos observados y registros de desembolsos que, según los investigadores, carecían de respaldo técnico.
La defensa del exmandatario, sin embargo, sostiene que la detención viola principios básicos y que la Fiscalía está utilizando procedimientos extraordinarios sin justificación. Anticiparon que solicitarán la libertad inmediata de Arce durante la audiencia de medidas cautelares, argumentando que no existen riesgos procesales que ameriten mantenerlo detenido. Aseguran que el exmandatario tiene domicilio conocido, no pretende huir del país y está dispuesto a colaborar siempre que se respete el debido proceso.