Nicanor Boluarte fue detenido por un presunto caso de tráfico de influencia. La Presidente de Perú también será investigada por encubrimiento.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, «de ninguna manera» se plantea dimitir tras la detención de su hermano Nicanor por un presunto caso de tráfico de influencias, afirmó el vocero del despacho presidencial, Freddy Hinojosa.

«De ninguna manera existe la posibilidad de una renuncia, lo importante es que el Gobierno tiene establecidos los grandes objetivos nacionales», sostuvo Hinojosa en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Gobierno de Lima.

El vocero ofreció estas declaraciones mientras, casi en simultáneo, el Ministerio Público anunciaba el inicio de diligencias contra la presidenta y el ministro del Interior, Walter Ortiz, por el supuesto encubrimiento de Nicanor Boluarte, al desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción horas antes del arresto de su pariente.

Las diligencias contra la mandataria se iniciaron como presunta instigadora del delitos contra la administración pública, en las modalidades de encubrimiento personal y de abuso de autoridad, por los que también se investiga a Ortiz.

Sin aún conocer esta información, el vocero reiteró que «no se admite mínimamente la posibilidad de una renuncia» de la mandataria y agregó que desde su posición «no le corresponde referirse a aspectos técnicos jurídicos de una defensa legal de la presidenta de la República o de cualquier otro ciudadano».

«Este Gobierno garantiza la división de poderes, el imperio de la Constitución y las leyes, el ejercicio de la autonomía de las diferentes instituciones públicas», sostuvo.

Añadió que «desde ningún punto de vista el Gobierno pretende interferir en estas funciones» y que «no existe ningún tipo de entorpecimiento a la labor judicial ni del Ministerio Público».

Confirmó que la presidenta Boluarte se reunió el pasado martes en el Palacio de Gobierno de Lima con el jefe de la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac), el coronel Franco Moreno, que se encarga de apoyar las investigaciones anticorrupción de la Fiscalía.

Sin embargo, aseguró que se trató de «una visita pública, en una institución del Estado, en horario hábil» y pidió que se evite «cualquier suspicacia», porque no se trató «de ninguna reunión clandestina».

«Se trata de una reunión estrictamente institucional, por asuntos gubernamentales», sostuvo luego de que medios locales señalaran que Moreno fue convocado al Palacio de Gobierno y que la gobernante le preguntó sobre el trabajo que cumple esa división.

Vía Opinión

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