La redistribución de ingresos plantea nuevas obligaciones para las gobernaciones. En Beni y Pando, la limitada recaudación y los altos costos de funcionamiento elevan el riesgo financiero.

La propuesta de distribuir los ingresos públicos en una proporción de 50% para el nivel central y 50% para las entidades territoriales ha sido presentada como un paso para fortalecer las autonomías. Sin embargo, para Beni y Pando la iniciativa también abre un escenario de alta incertidumbre. Ambos departamentos mantienen una fuerte dependencia de las transferencias estatales, registran una de las menores capacidades de generación de ingresos propios y afrontan costos de funcionamiento superiores al promedio nacional debido a sus condiciones geográficas.
Dependencia que no desaparece con una nueva distribución
Las gobernaciones de Beni y Pando financian gran parte de su funcionamiento mediante recursos que provienen del Tesoro General del Estado (TGE). Su estructura económica, basada principalmente en actividades primarias y con una reducida base empresarial, limita la recaudación de impuestos y otras fuentes de ingresos departamentales.
Bajo esas condiciones, recibir una mayor participación en la distribución nacional no garantiza estabilidad financiera si, paralelamente, disminuye el respaldo económico del Gobierno central para atender competencias que hoy continúan siendo financiadas desde el nivel nacional.
El proyecto impulsado por el presidente Rodrigo Paz establece que la redistribución estará acompañada por una reasignación de responsabilidades entre el Estado y las gobernaciones, lo que implica que las administraciones departamentales asumirán nuevas obligaciones en distintas áreas de gestión pública.
Más competencias significan más gasto
El principal desafío para ambos departamentos no radica únicamente en administrar más recursos, sino en cubrir gastos que actualmente son asumidos por el nivel central.
Servicios de salud, mantenimiento de infraestructura, programas sociales, inversión pública y parte del sistema educativo demandan recursos permanentes que difícilmente pueden sostenerse únicamente con una economía regional de menor tamaño.
En Beni y Pando, además, la prestación de servicios públicos presenta un costo significativamente mayor debido a las largas distancias, la dispersión de las comunidades y las limitaciones de conectividad terrestre.
Cada centro de salud, unidad educativa o proyecto de infraestructura requiere inversiones superiores a las que demanda un departamento con mayor concentración urbana.
El riesgo está en la fórmula
Uno de los puntos más sensibles del proyecto será el mecanismo utilizado para distribuir los recursos.
Si el criterio predominante es la población, Beni y Pando partirán en desventaja frente a departamentos con millones de habitantes. En cambio, si la ley incorpora factores como extensión territorial, dispersión poblacional, costo de prestación de servicios, aislamiento geográfico y niveles de desarrollo, el efecto podría modificarse.
Hasta el momento no existe una propuesta definitiva sobre esa fórmula, por lo que las gobernaciones siguen sin conocer cuál será el impacto real sobre sus presupuestos.
Menor margen para responder a emergencias
Otro aspecto observado por autoridades subnacionales es que una reducción del respaldo financiero del Gobierno central podría limitar la capacidad de respuesta frente a inundaciones, incendios forestales, emergencias sanitarias o desastres naturales, situaciones recurrentes en ambos departamentos amazónicos.
La ejecución de obras de gran magnitud también podría enfrentar mayores dificultades si las gobernaciones deben destinar una parte creciente de sus recursos al funcionamiento cotidiano de los servicios públicos.
Mientras el proyecto continúa en proceso de socialización, Beni y Pando permanecen entre las regiones donde la propuesta genera mayores interrogantes. La posibilidad de administrar una mayor proporción de los ingresos nacionales aparece acompañada por responsabilidades cuyo costo podría superar la capacidad financiera de dos departamentos que todavía dependen, en gran medida, del apoyo económico del Estado para sostener su funcionamiento.