Un paso drástico que convierte un derecho básico en mercancía, favoreciendo el lucro privado por encima de las necesidades humanas esenciales

Por decisión del Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entrará en un proceso de privatización que significará no solo la transferencia de la operación del servicio, sino también de los activos e infraestructuras que hoy pertenecen al Estado. En otras palabras, el patrimonio hídrico de una de las regiones más densamente pobladas del país pasará a estar bajo control privado. Una acción sin precedentes en la historia reciente que despierta alarma entre organizaciones de consumidores, sindicatos y especialistas del sector.
La medida, presentada por el vocero presidencial Manuel Adorni, fue justificada como parte de una estrategia para obtener dólares frescos que sirvan para recomponer las reservas del Banco Central. Sin embargo, la decisión plantea interrogantes fundamentales: ¿Qué ocurrirá con los 15 millones de usuarios que hoy dependen de AySA para el suministro de agua potable y tratamiento de residuos cloacales? ¿Cómo se garantizará la universalidad del acceso a este recurso esencial bajo la lógica del mercado?
Lo cierto es que esta privatización no reproduce exactamente la lógica de los años noventa, sino que la amplifica: mientras en el pasado solo se concesionó la operación, hoy también se entrega el patrimonio. Es un vaciamiento institucional de enormes proporciones.
UNA HISTORIA QUE YA TUVO UN FINAL TRÁGICO
No es la primera vez que AySA, antes conocida como Obras Sanitarias, queda bajo control privado. Durante la década del noventa, en plena hegemonía del Consenso de Washington, el entonces presidente Carlos Menem impulsó la concesión del servicio al consorcio liderado por el Grupo Suez. Aquella experiencia terminó en escándalo, falta de inversiones, tarifazos y una enorme degradación del servicio.
Los contratos firmados aseguraban enormes ganancias para los privados, sin el correlato de obras que ampliaran el alcance del servicio o mejoraran la calidad del agua. La falta de inversiones llevó a que muchas zonas del conurbano bonaerense no tuvieran acceso regular al suministro, se produjeran cortes continuos y los niveles de contaminación de aguas subterráneas llegaran a valores alarmantes. Las consecuencias sanitarias fueron tan severas que la rescisión del contrato fue inevitable.
En 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Estado decidió reestatizar la empresa y fundar AySA, dando inicio a una etapa que significó una de las inversiones públicas más grandes en infraestructura sanitaria del país. Se construyeron plantas, se extendieron redes, y millones de personas pudieron acceder por primera vez a agua potable y cloacas. Todo ese proceso, esa historia de reparación, hoy se desmantela de un plumazo.
EL AGUA COMO MERCANCÍA
La privatización, tal como fue anunciada, contempla una oferta pública de acciones, la incorporación de un operador estratégico internacional mediante licitación y un remanente del 10 por ciento de las acciones que quedarán en manos de los trabajadores, bajo el esquema de Propiedad Participada. La lógica, sin embargo, es clara: se abre la puerta al lucro sobre un recurso que debería estar protegido como derecho humano.
“El agua no puede ser mercancía. No se trata de una variable de ajuste en la economía, sino de un elemento vital. Privatizarla significa reducirla a un bien transable, expuesto a las reglas del mercado”, explicó Pablo Serdán, abogado especialista en derecho ambiental.
Las posibles consecuencias son múltiples. En primer lugar, el aumento de tarifas. Las previsiones del Gobierno incluyen ajustes trimestrales según inflación, lo que representa una carga insostenible para millones de hogares que ya destinan buena parte de sus ingresos a servicios básicos. En segundo lugar, la amenaza del corte del servicio por mora, una posibilidad real que en la actualidad no se aplica de manera sistemática. Y, en tercer lugar, la desaparición de la tarifa social, que hoy ampara al 40% de los usuarios.
UNA PRIVATIZACIÓN A TODA MARCHA
El plan oficial tiene un cronograma acelerado. En un año se prevé concluir la transferencia completa de la empresa. No solo eso: se considera que las obras de infraestructura necesarias en el futuro serán asumidas por los propios usuarios, a través de un mecanismo de cobro en las facturas. Es decir, además de pagar por el servicio, los ciudadanos financiarán las inversiones del nuevo operador privado.
La empresa estatal, mientras tanto, ya ha iniciado un proceso de ajuste interno. Varias oficinas de atención al público fueron cerradas, y la atención migró a plataformas virtuales, generando problemas para adultos mayores y poblaciones vulnerables. Según fuentes internas, hay una orden expresa de recortar personal y externalizar servicios, preparándose para una transición sin “obstáculos sindicales”.
LOS USUARIOS, LA PARTE MÁS VULNERABLE
Las organizaciones de consumidores han sido especialmente críticas. Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, alertó que “la intención de traspasar todas las cargas al usuario es parte del ADN del actual gobierno. Ellos consideran que el Estado no debe sostener nada, y que si una familia no puede pagar el agua, debe resignarse”.
Esta visión de “sálvese quien pueda” contradice no solo los principios constitucionales que reconocen el agua como un derecho, sino también los tratados internacionales que la Argentina ha firmado. Naciones Unidas ha sido categórica: el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental.
La tarifa social, los subsidios cruzados que permiten mantener precios accesibles en zonas de menores recursos y el principio de no discriminación territorial, desaparecerán o serán severamente erosionados bajo el nuevo esquema. “Las empresas van a ir por las zonas rentables. El resto quedará en un limbo, o directamente abandonado”, explica Boada.
UN MODELO EXCLUYENTE Y RETROGRADO
El anuncio de privatización de AySA no ocurre en el vacío. Forma parte de una serie de decisiones del Gobierno de Milei que apuntan a desmontar el entramado estatal construido en los últimos 20 años. A las privatizaciones proyectadas de Aerolíneas Argentinas, YPF y los ferrocarriles, se suma ahora el recurso más vital: el agua.
Se trata, además, de una apuesta que contradice las tendencias globales. Ciudades como París, Berlín, Buenos Aires misma en 2006, revirtieron privatizaciones del agua tras comprobar que el modelo mercantil había fracasado en términos de cobertura, calidad y equidad. La reestatización, en esos casos, permitió recuperar el control público de un bien estratégico y mejorar la eficiencia del servicio.
En Argentina, sin embargo, se impone la lógica del ajuste. “Para este gobierno, el agua es un costo. Y como todo costo, debe ser eliminado o traspasado. Es la expresión más cruda del darwinismo económico que promueven”, advierte Serdán.
EL SILENCIO OFICIAL
Más allá del anuncio, el Gobierno no ha brindado detalles concretos sobre cómo se protegerá a los sectores vulnerables. No hay un plan de contención, ni un fondo compensador, ni una política específica para quienes no pueden pagar. Tampoco se han explicado los criterios para la licitación ni se conocen los nombres de los grupos inversores interesados.

En paralelo, desde el Congreso y los gobiernos provinciales se alzan voces en contra de la decisión. Legisladores de la oposición anunciaron que buscarán frenar el proceso, exigiendo que se respete el carácter federal del recurso hídrico y el interés general de la población. La disputa por el agua, entonces, apenas comienza.