El DS 5676 abrió una nueva disputa por el combustible: sectores del transporte, agro, campesinos y oposición cuestionan el precio, la diferenciación y sus posibles efectos.

La decisión del Gobierno de establecer en Bs 18 el litro de diésel para grandes consumidores y compradores directos de YPFB generó una ola de rechazo entre sectores que dependen del combustible para transportar, producir y comercializar bienes en el país.
El Decreto Supremo 5676 introduce un esquema de precios diferenciados. Mientras determinados consumidores pueden acceder al diésel a Bs 9,80 bajo las condiciones previstas, quienes compren directamente a YPFB y los grandes consumidores deberán pagar Bs 18 por litro. Esa diferencia se convirtió en uno de los principales motivos de cuestionamiento.
Transportistas, productores agropecuarios, avicultores, cañeros y organizaciones campesinas consideran que la medida elevará sus costos y puede terminar trasladándose a los precios que pagan los consumidores.
El rechazo también llegó desde la Vicepresidencia. Edmand Lara cuestionó la decisión y afirmó que el nuevo precio ya es identificado por distintos sectores como el “Dieselazo”.
“En las calles, en los mercados, en el campo, tiene otro nombre y se llama Dieselazo”, manifestó.
El vicepresidente sostuvo que el incremento no quedará limitado a quienes compran directamente el combustible, debido a que el transporte y la producción utilizan diésel como parte de sus costos.
“Nos llega a todos en el precio del pan, en el precio de la leche y en el precio del pasaje”, afirmó.
LARA EXIGE DIÁLOGO ANTES DE APLICAR EL INCREMENTO
Lara cuestionó principalmente la forma en que fue aprobada la disposición. Según su versión, el Gobierno debió reunirse previamente con los sectores que serán afectados por el nuevo precio.
“Una decisión tan grande no se toma a escondidas. No se la toma en una noche sin sentarse con el pueblo”, señaló.
El vicepresidente mencionó al transporte, campesinos y microempresarios entre los sectores que debieron ser escuchados antes de definir la medida.
“Gobernar es escuchar primero. Y aquí se decidió primero y se avisó después. Eso no es justo”, sostuvo.
También rechazó la posibilidad de que el incremento no llegue a los precios finales. “En economía no existe la palabra debería. La palabra debería no sirve”, afirmó, al cuestionar el argumento de que el aumento no necesariamente tendrá impacto sobre la población.
Lara planteó dejar sin efecto el decreto y convocar a una reunión entre Gobierno, transportistas, productores y trabajadores. También propuso una auditoría y mayores controles contra el contrabando.
EL AGRO ADVIERTE SOBRE MAYORES COSTOS
La preocupación de los productores se concentra en el efecto que tendrá el nuevo precio sobre las actividades que requieren grandes cantidades de combustible.
El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, Omar Castro, advirtió que la diferencia entre Bs 9,80 y Bs 18 puede generar un mercado paralelo de combustible.
“Va a haber diésel que van a sacar a 9,80 por debajo y se lo va a vender hasta 18 bolivianos en el mercado negro”, sostuvo.
Castro señaló que los costos de los pequeños, medianos y grandes productores subirán con la nueva estructura y pidió al Gobierno revisar la disposición.
Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking también rechazó el precio diferenciado. El dirigente sostuvo que esa modalidad puede favorecer prácticas irregulares y advirtió sobre sus efectos en la producción de alimentos.
“La aplicación de precios diferenciados es un incentivo al agio, a la especulación, al mercado negro y a la corrupción”, afirmó.
Frerking explicó que el sector agropecuario consume alrededor del 16% del diésel nacional y utiliza ese combustible para sostener la producción destinada al mercado interno.
“Los productores agropecuarios no nos hacemos responsables del desabastecimiento de alimentos que pueda presentarse por esta causa”, afirmó.
La CAO anunció además la convocatoria a un congreso extraordinario para definir acciones frente al decreto.
TRANSPORTISTAS CUESTIONAN LOS LÍMITES DE CONSUMO
El transporte pesado considera que el nuevo esquema no responde a sus necesidades de operación. Pedro Quispe explicó que los vehículos que realizan recorridos nacionales e internacionales necesitan volúmenes importantes de diésel.
“Es un engaño este decreto para nosotros”, afirmó.
El dirigente cuestionó que quienes superen los límites establecidos tengan que pagar Bs 18 por litro y señaló que el consumo mensual de un transportista puede alcanzar alrededor de 2.000 litros.
Juan Yujra, dirigente del transporte pesado, también reclamó una explicación precisa sobre el alcance de la norma y pidió resolver primero el desabastecimiento.
“Le mienten al pueblo, salen con discursos diferentes, al final no sabemos lo que está pasando”, sostuvo.
Para el sector, el problema no se reduce al precio. Las dificultades para conseguir combustible, las filas y la posibilidad de reventa continúan siendo parte de las preocupaciones expresadas por los transportistas.
PRODUCTORES SALEN A LAS CARRETERAS
El rechazo comenzó a traducirse en movilizaciones. Productores de la provincia Ichilo marcharon y protagonizaron un bloqueo esporádico en la carretera Santa Cruz-Cochabamba.
Uno de los productores afirmó que la movilización expresa una “disconformidad total” con la decisión gubernamental y sostuvo que el sector no aceptará el precio de Bs 18.
En Tarija, organizaciones campesinas anunciaron una marcha para este jueves 20 de agosto y una huelga de hambre en rechazo a la situación económica y al denominado dieselazo.
Los productores cañeros también exigieron que el DS 5676 quede sin efecto. La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia pidió además establecer un precio justo para el etanol y cancelar la deuda pendiente por la compra del biocombustible.
El sector solicitó igualmente liberar las exportaciones para generar divisas y planteó facilitar la importación de vehículos Flex Fuel con tecnología brasileña.
LA OPOSICIÓN CUESTIONA EL MANEJO DE LA CRISIS
Las críticas alcanzaron a diferentes representantes políticos. La senadora del PDC Ana María Crispín calificó el incremento como una “subida sorpresa” y cuestionó que la medida haya sido aprobada sin una socialización previa con los sectores afectados.
Advirtió que el aumento puede repercutir en el transporte, la logística y los precios de los productos.
La jefa de bancada de Libre, Tomasa Yarhui, calificó el incremento como un “gran golpe a la producción boliviana” y cuestionó que, después de nueve meses, el Gobierno todavía no haya resuelto las dificultades relacionadas con los combustibles.
“En nueve meses no hay solución a este problema tan delicado y gravísimo”, afirmó.
El jefe de bancada de Libre, Rafael López, también cuestionó la política aplicada por el Ejecutivo y relacionó el aumento de los carburantes con un eventual incremento de los precios de los alimentos.
“Al incrementarse el combustible, ya sea el diésel o la gasolina, esto va a generar que se incremente la canasta familiar”, señaló.
El exdiputado Wilman Cardozo, por su parte, cuestionó a las autoridades por la gestión de la crisis económica y de combustibles, mientras reclamó mayor responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos.
Con las movilizaciones anunciadas y el rechazo expresado por los principales sectores consumidores de diésel, el DS 5676 quedó en el centro de una nueva disputa entre el Gobierno y las organizaciones productivas y de transporte, precisamente cuando persisten las dificultades de abastecimiento de combustible denunciadas por los propios usuarios.