Las asociaciones gomeras y castañeras de Riberalta y Pando advierten que una década de avasallamientos, incendios y decisiones agrarias contradictorias ha desatado una tensión territorial sin control y sin respuestas estatales.

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La Asociación de Productores de Goma y Almendra de Riberalta (Asprogoal) volvió a encender las alertas sobre una problemática que, según afirman sus dirigentes, se arrastra sin freno desde hace más de diez años: el avance de avasallamientos y disputas territoriales que se han intensificado ante la débil presencia institucional del Estado y una cadena de decisiones contradictorias emitidas por entidades agrarias y ambientales.

Miguel Ruiz, presidente de Asprogoal y ex diputado nacional por el Movimiento Al Socialismo (MAS), sostuvo que las asociaciones dedicadas a la extracción y procesamiento de goma y almendra nunca ocuparon predios ajenos ni alteraron derechos colectivos o individuales en la Amazonía. Por el contrario, aseguró que la actividad que desarrollan contribuyeron durante décadas al tejido económico y social de la región, funcionando como un sostén productivo tradicional. De acuerdo con su versión, el conflicto no se originó por pugnas de uso de suelo, sino por una progresiva toma de predios impulsada por grupos que —afirma— buscan apropiarse de recursos que no les corresponden.

Ruiz remarcó que, pese a múltiples denuncias presentadas en distintos momentos, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no lograron establecer una línea institucional clara. Señaló que ambas instancias emitieron resoluciones que se contradecían entre sí o que nunca fueron ejecutadas plenamente, generando un clima de inseguridad jurídica que derivó en choques entre asociaciones y comunidades asentadas posteriormente. “Durante años la ABT fue manejada como un espacio político y no como autoridad técnica. Eso dejó a nuestro sector expuesto”, afirmó.

El dirigente también detalló que la disputa se ha extendido incluso a recursos naturales que no requieren siembra ni intervención humana, como la castaña y la goma, cuya extracción —insistió— forma parte de la tradición productiva de la región. A ello se suman daños materiales severos derivados del conflicto, entre ellos la quema de galpones, fábricas y maquinaria. Según Ruiz, estos incidentes no generaron sanciones ni investigaciones concluyentes, lo que alimenta la percepción de impunidad.

Frente a este escenario, diversas asociaciones del norte amazónico decidieron articularse para exigir que se restablezca el orden jurídico y se investigue el presunto tráfico de tierras que —consideran— está detrás de los avasallamientos. La Asociación Agroextractivista de Recursos Naturales del Río Manuripi de Pando, la Asociación de Productores de Goma y Almendra de Pando (Asprogoalpa) y la Asociación de Productores de Goma y Almendra de Riberalta (Aarenarmapa) anunciaron una coordinación conjunta para demandar que se respete la normativa vigente y se detengan los asentamientos irregulares.