La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidirá el martes si procede la renuncia de Evo Morales a la militancia del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) a través de un poder notarial, luego de que el vocal Gustavo Ávila cuestionara este procedimiento al no estar contemplado en la normativa vigente.
“La Sala Plena va a tomar una determinación, si va a aceptar o no las renuncias mediante poder. Si lo acepta, a partir de esa fecha cualquier ciudadano podrá renunciar porque la ley es para todos, la norma es para todos, no es para un solo ciudadano. Y si no la acepta, esa renuncia tendrá que reencauzarse en virtud del reglamento aprobado”, explicó Ávila.
El debate surgió tras la solicitud de Ávila de un informe al secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, sobre la legalidad de la renuncia de Morales, presentada a través de un poder notarial y no de forma presencial, como lo establece el artículo 8 del Reglamento de Procedimientos para Renuncias y Anulación de Militancia y Extensión de Certificados de Militancia.
Morales había tramitado su renuncia ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, que posteriormente remitió la solicitud al TSE.
A pesar de la incertidumbre legal, la aplicación Yo Participo ya reflejó el 5 de marzo que Morales “no tiene militancia política vigente”.
“A partir de hoy, (Morales) ya deja de ser militante de esta tienda política MAS-IPSP y se queda ahora en su condición de ciudadano electoral, está renunciando después de más de 22 años de militancia”, declaró el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe el miércoles.
Sin embargo, Ávila insistió en esclarecer el procedimiento y solicitó detalles sobre la autorización de la modificación en el sistema Yo Participo, la fecha de la instrucción y el usuario responsable del cambio.
Morales recurrió al poder notarial para renunciar al MAS-IPSP, debido a que no ha abandonado Lauca Ñ, Cochabamba, desde octubre de 2024, para evitar ser aprehendido en el proceso judicial en su contra por trata de personas con agravante.
En ese contexto, el 20 de febrero firmó un acuerdo político con el Frente Para la Victoria (FPV) para postularse a la presidencia en las elecciones del 17 de agosto, pese a los obstáculos legales que enfrenta.
El FPV ha sido observado por el TSE debido a irregularidades en la elección de su directiva en diciembre de 2024.
Aunque el ente electoral solicitó una nueva elección interna, la dirigencia del FPV anticipó que no cumplirá con esta disposición.
Según Ávila, todos los partidos tienen hasta el 20 de marzo para renovar sus directivas y adecuar sus estatutos a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.
Ese día, el TSE determinará la situación de las organizaciones que no hayan cumplido con estas exigencias, descartando cualquier ampliación de plazo para el trámite.