El equipo jurídico del expresidente difundió un comunicado en el que cuestiona la decisión judicial, observa el monto atribuido como daño económico y denuncia una fragmentación de procesos vinculados al Fondioc.
El equipo legal de Luis Arce decidió llevar a la opinión pública los argumentos que, según su versión, explican las razones por las que el expresidente permanece detenido dentro del proceso relacionado con el exFondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc). En un comunicado fechado el 24 de julio, sus abogados cuestionaron el rechazo judicial a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y centraron su reclamo en una cifra de Bs 327.910.243.
La defensa sostiene que ese monto fue utilizado para mantener vigente la causa pese a que, según su documentación, el proyecto directamente relacionado con la investigación registra un desembolso muy inferior.
El documento fue presentado como una denuncia pública ante la comunidad nacional e internacional. Los abogados anunciaron además que apelaron inmediatamente la resolución judicial y que continuarán utilizando los mecanismos legales disponibles.
EL PUNTO CENTRAL DE LA CARTA
La defensa ubica el origen del proceso en una reunión del Directorio del exFondioc realizada el 23 de noviembre de 2009. A partir de esa fecha, sostiene que transcurrieron más de 16 años y que el plazo de prescripción aplicable ya habría sido superado.
Los abogados citan el artículo 29, numeral 1, del Código de Procedimiento Penal y sostienen que el plazo máximo de ocho años para la prescripción se encuentra vencido.
Sin embargo, el proceso incorpora una discusión sobre la posibilidad de que el caso sea considerado imprescriptible debido a un supuesto grave daño económico al Estado. La defensa rechaza que esa condición pueda aplicarse y pone como referencia el monto del denominado “Proyecto Tomates”.
Según el comunicado, ese proyecto tuvo un desembolso de Bs 669.876,46 y fue el único proyecto individualizado mediante la auditoría que, según los abogados, sustenta la imputación contra Arce.
EL CUESTIONAMIENTO AL MONTO GLOBAL
La diferencia entre esa cifra y los Bs 327,9 millones constituye uno de los principales argumentos de la carta.
El equipo jurídico afirma que los Bs 327.910.243 no corresponden exclusivamente al proyecto investigado, sino que representan la suma de transferencias efectuadas por el exFondioc a ocho organizaciones sociales durante 2010 y 2011.
El propio comunicado detalla que la cifra está compuesta por Bs 102.085.870 correspondientes a la CSUTCB, Bs 90.621.882 a los interculturales, Bs 53.936.926 a las Bartolinas, Bs 49.939.428 al CONAMAQ, Bs 18.985.246 a la CIDOB, Bs 2.221.184 a la APG, Bs 5.971.471 a la CPEM-B y Bs 4.148.236 a la CPESC.
Para los abogados, sumar todos esos recursos y utilizarlos como referencia del daño económico atribuido al proceso contra Arce cambia la dimensión del caso.
La defensa habla de una “inflación artificial” del daño económico y sostiene que esa operación permite sostener la imprescriptibilidad de una causa que, tomando solamente el proyecto investigado, debería estar prescrita.
RECLAMO POR PROCESOS SEPARADOS
El comunicado incorpora otro elemento: la acusación de una posible vulneración del principio de non bis in idem.
Los abogados mencionan el “Proyecto Miel”, con un desembolso de Bs 687.508, y afirman que ese importe ya está contemplado dentro de la suma general atribuida a las Bartolinas.
A la vez, sostienen que existen procesos independientes relacionados con proyectos específicos del Fondioc. Para la defensa, esa separación de causas puede provocar que un mismo hecho atribuido a Arce sea utilizado en diferentes procesos penales.
El equipo jurídico también cuestiona que todos los recursos transferidos durante 2010 y 2011 sean considerados provisionalmente como daño económico, debido a que los fondos correspondieron a numerosos proyectos y organizaciones.
La carta concluye con el anuncio de que la defensa continuará con las acciones judiciales y que, si corresponde, acudirá a instancias internacionales de derechos humanos. También advierte que el criterio aplicado en este proceso podría alcanzar a dirigentes y beneficiarios de otros proyectos financiados por el exFondioc.
