Organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación regionales han reportado que los recientes ataques de grupos armados en Siria han dejado un saldo trágico de más de 1.300 personas fallecidas, entre ellos un gran número de mujeres y niños.
Según informes, la cifra de muertes alcanzó las 1.311, de las cuales 830 corresponden a civiles. Este aumento en el número de víctimas se debe a una operación de las fuerzas de seguridad en respuesta a ataques perpetrados por militantes alauitas contra la administración de facto recientemente instaurada en Damasco.
Se han denunciado ejecuciones sumarias y sentencias de pena capital contra civiles, elevando la preocupación por violaciones de derechos humanos en la región.
Entre las víctimas también se encuentran 231 miembros de las fuerzas de seguridad y 250 militantes leales al gobierno anterior.
Organismos internacionales han exigido que las autoridades de facto asuman su responsabilidad y sancionen a los responsables de estas atrocidades.
Las provincias costeras de Latakia y Tartús han sido las más golpeadas, con evidencias de ataques dirigidos contra la comunidad alauita.
Organismos defensores de derechos humanos han calificado estos actos como crímenes de guerra y violaciones graves a los derechos humanos.
En respuesta a las crecientes denuncias, el gobierno de facto de Siria, encabezado por Ahmed Al Sharaa, anunció la creación de un comité autónomo de investigación, que tendrá 30 días para presentar un informe detallado e identificar a los responsables de los hechos.
Las masacres han generado manifestaciones masivas en Damasco, donde cientos de ciudadanos se congregaron para expresar su solidaridad con los habitantes de la zona costera y exigir el fin de la violencia.
El Consejo de Seguridad de la ONU analizará la crisis en Siria
Ante la gravedad de la situación, el Consejo de Seguridad de la ONU llevará a cabo una reunión a puertas cerradas el lunes (hoy) 10 de marzo a las 10:00 horas, a solicitud de Moscú y Washington.
En esta sesión se debatirá la creciente violencia contra civiles en el oeste de Siria, que ha dejado centenares de muertos sin una cifra exacta confirmada.
El anuncio fue hecho por Dmitri Polianski, representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, a través de su canal en Telegram.
La presidencia danesa del Consejo de Seguridad ha indicado que la cantidad de fallecidos en ciudades como Latakia y Tartús podría ascender a miles.
La situación en el oeste de Siria ha escalado dramáticamente en la última semana, con continuas masacres de civiles y un silencio casi absoluto de los medios occidentales. Enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno de facto y remanentes del antiguo Ejército sirio han agravado la crisis, resultando en un aumento de muertes en la comunidad alauita, cristiana y otros grupos religiosos.
Recientemente, un Congreso Nacional de organizaciones sirias reafirmó el compromiso con la unidad nacional y rechazó la violencia. Sin embargo, la realidad en el terreno sigue marcada por el asesinato indiscriminado de infantes, mujeres y ancianos.
El presidente de facto anunció la formación de una comisión nacional independiente para investigar las violaciones a los derechos humanos y los crímenes contra civiles en la región costera. Este comité está compuesto por cinco jueces, un general de brigada y un abogado vinculado a las autoridades de facto.
La comunidad internacional ha comenzado a reaccionar. La cancillería rusa, a través de su portavoz María Zajárova, ha instado a todos los líderes sirios con influencia en el conflicto a detener el derramamiento de sangre de inmediato.
«Se informa de un gran número de muertos y heridos en ambos bandos. En varias ciudades importantes del país se ha impuesto el toque de queda», afirmó Zajárova, subrayando la necesidad de garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos, independientemente de su afiliación religiosa o étnica.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos condenó los ataques de grupos islamistas radicales contra minorías religiosas y étnicas en Siria.
La administración estadounidense ha sido criticada por permitir el ascenso al poder de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, emitió un comunicado en el que exigió la investigación de las masacres.
«Estados Unidos está con las minorías religiosas y étnicas de Siria, incluyendo las comunidades cristiana, drusa, alauita y kurda, y ofrece sus condolencias a las víctimas y sus familias», declaró Rubio.
Mientras la comunidad internacional debate sobre posibles acciones, la violencia sigue cobrándose vidas en Siria, agravando una crisis humanitaria que parece no tener fin.