A pesar de la emisión de una orden de captura desde el 16 de octubre, las autoridades no han logrado detener a Morales.
El Ministerio Público de Bolivia presentó una imputación formal contra el expresidente Evo Morales, acusado de la presunta comisión de trata de personas. Según informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se ha solicitado una medida cautelar de detención preventiva por seis meses en un recinto penitenciario público.
“Se está solicitando la detención preventiva por seis meses en una cárcel pública”, afirmó Mariaca en conferencia de prensa realizada en Sucre.
El caso está vinculado a una relación que Morales habría mantenido en 2015 con una menor de 15 años, de la cual supuestamente nació una niña. Este hecho se suma a otras denuncias similares que han rodeado al exmandatario.
Riesgos en la Ejecución de la Orden de Aprehensión
A pesar de la emisión de una orden de captura desde el 16 de octubre, las autoridades no han logrado detener a Morales.
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, explicó que la Policía enfrenta «riesgos técnicos y operativos significativos» en la región del trópico de Cochabamba, considerado el bastión político del exmandatario.
“No se podía ingresar al lugar donde se encontraba (Morales), ya que se corría el riesgo de la vida tanto de los policías como de personas particulares”, señaló Gutiérrez.
Según informes de inteligencia, las áreas de Villa Tunari y Lauca Ñ están protegidas por redes de apoyo al expresidente, lo que dificulta cualquier operativo.
Alerta Migratoria y Contexto Legal
Para evitar una posible fuga, la Fiscalía también activó una alerta migratoria contra Morales y la madre de la presunta víctima.
Ambas personas tienen restricciones para salir del país, especialmente porque la coimputada reside en Tarija, una región fronteriza con Argentina.
El abogado defensor de Morales, Wilfredo Chávez, criticó duramente el accionar de la Fiscalía y afirmó que su cliente no fue notificado formalmente.
Además, calificó las acciones legales como una “maniobra política” destinada a impedir que Morales participe como candidato en las elecciones presidenciales de 2025.
“Es una decisión abusiva y grosera que responde a intereses políticos”, denunció Chávez.
Repercusiones Políticas y Sociales
La orden de aprehensión contra Morales ha generado una fuerte reacción política. Desde la oposición, figuras como el diputado José Carlos Gutiérrez (Creemos) y la senadora Cecilia Requena (CC) han exigido que el expresidente enfrente la justicia sin privilegios ni impunidad.
“Es muy duro esto porque estamos hablando de un expresidente; esto realmente le hace daño al prestigio del país”, afirmó Requena.
En tanto, el senador Leonardo Loza, aliado de Morales, declaró que el trópico de Cochabamba se encuentra en estado de emergencia y advirtió que la región resistirá cualquier intento de aprehensión sin el debido proceso.