Rechazan una denuncia con pruebas claras sobre el manejo irregular de fondos públicos, negando acceso a la investigación y favoreciendo la opacidad dentro de la Gobernación del Beni.
La Asambleísta Departamental Mónica Núñez Vela volvió a denunciar una grave omisión dentro del Ministerio Público en el Beni, luego de que su reciente acusación por la presunta apropiación de casi un millón de bolivianos fuera descartada sin rigor investigativo. Asegura que la Fiscalía dejó escapar una oportunidad clave para esclarecer el destino real de recursos estatales entregados como anticipo a un funcionario de la Gobernación.
La legisladora recordó que en julio formalizó una denuncia en contra de Alejandro Rivas Sema, quien habría recibido fondos públicos que hasta ahora no fueron descargados en el sistema oficial. Sin embargo, esta semana recibió una resolución de rechazo por parte de los fiscales, quienes argumentaron que no pudieron encontrar al acusado. Para Núñez, esa explicación no solo es inadmisible, sino que revela una falta absoluta de compromiso con la verdad.
Más grave aún, cuando la asambleísta exigió acceso al cuaderno de investigación, se le negó la consulta. Esta acción, que contradice los principios de transparencia institucional, alimenta sospechas de protección interna y comportamiento encubridor. Núñez sostiene que existe documentación que prueba la irregularidad, lo que hace aún más cuestionable la pasividad del Ministerio Público.
La autoridad departamental subrayó que el Manual de Investigación, en su artículo 35, define que el responsable final de los fondos en avance es la Máxima Autoridad Ejecutiva: el Gobernador. Pese a ello, los fiscales no impulsaron una ampliación de investigación hacia la autoridad departamental ni hacia la Secretaría de Finanzas, algo que en cualquier proceso regular sería un paso obligatorio.
Núñez apuntó directamente al fiscal de materia Gonzalo Vásquez, acusándolo de negligencia e incapacidad para proteger los recursos de la población. Recordó que el dinero observado podría cubrir salarios atrasados del personal de salud en el Beni, un sector que hoy lucha con carencias urgentes mientras el Estado mira a otro lado.