El ministro de Hidrocarburos responsabiliza al Legislativo por el futuro de las inversiones en litio y lamenta que intereses políticos y desinformación estén frenando un proyecto estratégico para el país.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, lanzó un mensaje contundente: si las inversiones para industrializar el litio no llegan al país, la responsabilidad no será del Gobierno, sino de la Asamblea Legislativa. Así lo afirmó tras una conferencia de prensa en la que defendió la legalidad de los contratos firmados con empresas de China y Rusia.
“Como Ejecutivo, ya cumplimos. Hemos negociado, presentado los contratos, elaborado los proyectos de ley. El resto está en manos de los legisladores. Bolivia no puede seguir perdiendo tiempo”, declaró el ministro, visiblemente molesto ante la suspensión del debate legislativo que debía dar curso a estos convenios.
El tratamiento de los contratos quedó en punto muerto luego de una sesión marcada por la confrontación y el caos. Grupos regionales de Potosí, junto a legisladores disidentes y sectores cívicos, expresaron su rechazo a los acuerdos, alegando supuestos impactos negativos en el Salar de Uyuni y falta de consulta previa a las comunidades.
Gallardo salió al paso de esas críticas. Aclaró que solo el 2% del salar será intervenido y que, por el momento, no se han realizado consultas porque aún no está definida la ubicación exacta de las plantas industriales, lo cual depende de estudios técnicos posteriores.
“Se están manejando cifras falsas sobre el uso de agua y se está sembrando miedo sin fundamento. No podemos permitir que la desinformación decida el destino del litio boliviano”, agregó el ministro.
Desde el Gobierno se insiste en que los contratos cuentan con respaldo legal y constitucional, y que de no ser aprobados a tiempo, las empresas involucradas —que buscan invertir en Bolivia desde 2021— podrían optar por llevar su capital a otras naciones.
“No se trata de una urgencia del Gobierno. Se trata de que estas inversiones no pueden esperar indefinidamente. Los países compiten por captar capital, y nosotros podríamos quedar fuera si no generamos condiciones jurídicas claras”, sostuvo Gallardo.
El ministro también recordó que no solo están en juego los dos contratos actualmente en debate. Existen 14 acuerdos más con empresas internacionales, los cuales también requieren aval legislativo. Para el Gobierno, se trata de una política de Estado, no de una acción coyuntural.
Gallardo insistió en que su labor como autoridad está cumplida. “He llegado hasta aquí. Mi conciencia está tranquila. He hecho todo lo que correspondía. Ahora el juicio lo hará el pueblo boliviano”, afirmó.