La posibilidad de retirar la subvención a la gasolina divide posiciones entre autoridades municipales, sectores cívicos y especialistas, mientras las contradicciones oficiales alimentan dudas sobre el precio que deberán pagar los consumidores.
La subvención a la gasolina podría tener sus días contados. La fecha del 12 de enero de 2027, mencionada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en relación con un posible ajuste, abrió nuevamente la discusión sobre el futuro de los precios de los carburantes y las consecuencias económicas que tendría una modificación del actual sistema de subsidios.
Aunque todavía no existe una determinación oficial sobre el retiro de la subvención, las declaraciones de autoridades del sector hidrocarburífero y las posiciones expresadas por representantes municipales y cívicos muestran que el Gobierno enfrenta una decisión que puede tener repercusiones directas en el bolsillo de la población, los costos del transporte y el funcionamiento de las empresas.
El experto en hidrocarburos Jaime Balanza considera que el Ejecutivo está preparando las condiciones para retirar la subvención a la gasolina. A su juicio, el ajuste estructural tendrá un costo social elevado y puede provocar dificultades económicas en distintos sectores productivos.
«Genera hambre y quiebra de empresas», advirtió al referirse a las consecuencias que podría ocasionar una modificación del precio del combustible sin medidas que amortigüen su impacto.
Sin embargo, Balanza mantiene la expectativa de que los 6.000 millones de bolivianos contemplados en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 para la subvención sean destinados específicamente a garantizar el precio de la gasolina. La disponibilidad de esos recursos será determinante para establecer si el Gobierno tiene margen para mantener el beneficio o si avanzará hacia una modificación.
BALANZA PLANTEA ELIMINAR INTERMEDIARIOS
El especialista considera que el país debe revisar la forma en que compra e importa los carburantes, antes de trasladar mayores costos a los consumidores. Una de sus principales propuestas apunta a eliminar a los intermediarios que participan en las operaciones de adquisición de combustibles.
«Dejemos de comprar a intermediarios para bajar costos», planteó.
Balanza sostiene que prescindir de esos actores permitiría reducir hasta un 30% los costos de adquisición. Como ejemplo, señaló que sobre operaciones de 1.000 millones de dólares se podría alcanzar un ahorro de aproximadamente 300 millones.
También advirtió que la participación de intermediarios puede generar corrupción y dependencia en las operaciones de abastecimiento de YPFB.
Entre las alternativas que propone figura evitar las compras de combustible al fiado, eliminar intermediarios y priorizar el transporte mediante ductos, una modalidad que, según explicó, permitiría reducir los costos frente a otras formas de traslado.
WARNES PIDE FECHA Y CERTIDUMBRE
Desde los gobiernos municipales también surgieron pedidos para que el Ejecutivo defina con claridad cuánto tiempo continuará vigente la subvención.
El alcalde de Warnes, Mario Cronembold, considera que Bolivia debe reconocer su situación económica y establecer un plazo concreto para cualquier modificación, de manera que los diferentes sectores puedan prepararse.
«No podemos seguir sangrándonos y viviendo una realidad que no es la correcta», afirmó.
El burgomaestre insistió en que la población necesita conocer las fechas y las condiciones de una eventual modificación. «Tiene que haber certidumbre de decir, tal fecha hasta tal fecha es la subvención y listo, para que nos acomodemos y nos ajustemos todos», manifestó.
Cronembold recordó que el país ya atravesó cambios relacionados con la subvención al diésel y consideró que las diferencias de precios con los países vecinos mantienen vivo el problema del contrabando.
«El contrabando se va a acabar el rato que el combustible sea el mismo en los países vecinos», sostuvo.
También recordó el compromiso atribuido al presidente Rodrigo Paz de devolver a los municipios, mediante obras, los recursos que dejarían de destinarse a la subvención. Para el alcalde de Warnes, esa alternativa sería favorable si los fondos llegan directamente a las alcaldías y pueden convertirse en proyectos para sus habitantes.
Santa Cruz cuestiona contradicciones oficiales
La falta de una posición uniforme dentro del Ejecutivo también provocó cuestionamientos del presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien criticó las diferencias entre las declaraciones del ministro de Hidrocarburos y las del presidente de YPFB.
«Uno dice una cosa y el otro hace lo contrario», cuestionó.
El dirigente cívico calificó de irresponsable el manejo de la información y advirtió que los mensajes contradictorios generan especulación e incertidumbre, con el riesgo de que comerciantes y proveedores anticipen posibles incrementos y terminen trasladándolos a los productos de la canasta familiar.
Ante esa situación, pidió al presidente Rodrigo Paz tomar una decisión sobre las autoridades responsables de las declaraciones contrapuestas.
«O los bota a los dos, o bota a uno de los dos», manifestó, al insistir en que el Gobierno debe designar responsables que conozcan el funcionamiento del sector hidrocarburífero y transmitan información coherente a la población.
LA PAZ TEME IMPACTO EN EL TRANSPORTE
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, también expresó reparos frente a un eventual incremento de la gasolina y pidió al Gobierno evaluar cuidadosamente las consecuencias de la medida, particularmente para el transporte público.
«El tema del transporte público no debería tener un incremento del combustible, lo dije también incluso con el tema del diésel», afirmó.
Dockweiler confirmó que sostuvo conversaciones con el ministro de Hidrocarburos y otras autoridades sobre la posibilidad de modificar los precios, pero aclaró que hasta el momento no recibió una decisión oficial.
» Efectivamente están evaluando este tema, pero no hay nada oficial», señaló.
El alcalde advirtió que La Paz sería particularmente sensible a un incremento de la gasolina porque los minibuses utilizan principalmente ese carburante para prestar el servicio de transporte urbano. Recordó que el encarecimiento del diésel ya tuvo repercusiones en la maquinaria municipal y los equipos destinados al recojo de basura.
Como alternativa, propuso instalar una mesa tripartita entre el Gobierno municipal, los transportistas y los vecinos para encontrar una fórmula que permita analizar los costos y evitar que cualquier modificación termine perjudicando a los usuarios.
Las posiciones planteadas dejan tres exigencias sobre la mesa: claridad del Gobierno respecto a la fecha del posible ajuste, alternativas para reducir los costos de importación y garantías para los sectores que dependen de la gasolina. Mientras YPFB menciona enero de 2027, la población todavía espera conocer si se mantendrá la subvención o cuánto costará llenar el tanque cuando llegue esa fecha.








