El Decreto Supremo 5503 activó rechazo social, subió tarifas del transporte e interprovincial, y detonó paros, anuncios de bloqueos y movilizaciones sindicales, mineras, gremiales y rurales en el país entero.

La decisión del Gobierno de aprobar el Decreto Supremo 5503, que dispone el alza de combustibles, generó una reacción adversa extendida y mayoritaria en distintos sectores sociales del país. El impacto inicial se reflejó de forma inmediata en el transporte, con incrementos en tarifas municipales, interprovinciales e interdepartamentales, que alteraron costos y operaciones en cuestión de horas.

La protesta más próxima se registró en La Paz. La Federación Departamental de Choferes confirmó un paro de 24 horas desde las 00:00 de este viernes. Su secretario ejecutivo, Edson Valdez, informó en conferencia de prensa que la medida exige la abrogación del decreto y advirtió que, de no existir respuesta gubernamental, desde el lunes la protesta pasará a ser indefinida. El pronunciamiento fue difundido por la dirigencia sindical del transporte urbano y respaldado por bases afiliadas.

En paralelo, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) comunicó su rechazo al incremento del precio de los combustibles. Mediante un pronunciamiento público, sus dirigentes señalaron el efecto directo en los costos productivos del sector y anunciaron movilizaciones escalonadas, sin descartar medidas de alcance nacional. La organización calificó la decisión gubernamental como un golpe a la economía popular y alertó sobre el encarecimiento de la canasta familiar.

El transporte sindicalizado a nivel nacional se constituyó en otro foco de presión. Federaciones de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro expresaron su disposición a coordinar protestas y bloqueos con La Paz si el Ejecutivo no revisa la medida. Dirigentes regionales indicaron que el ajuste en combustibles ya se trasladó a tarifas y fletes, afectando la sostenibilidad de las operaciones.

El sector gremial también manifestó descontento. Representantes de comerciantes anunciaron bloqueos intermitentes y la ampliación de medidas de presión, al advertir que el aumento del combustible eleva costos operativos y presiona los precios de venta. Voceros del sector señalaron dificultades para absorber los nuevos costos sin trasladarlos al consumidor final.

A estas reacciones se sumó el transporte pesado e interdepartamental, que evalúa un cese de actividades y bloqueos en rutas troncales. Sus demandas incluyen compensaciones y garantías de abastecimiento regular de diésel. En áreas rurales y productivas, organizaciones campesinas anticiparon movilizaciones locales por el encarecimiento de insumos y del traslado de productos.

Autoridades de ayllus de Potosí y Oruro sostuvieron reuniones con el vicepresidente Edmand Lara, quien previamente expresó su rechazo a las medidas adoptadas. La Central Obrera Boliviana convocó a un ampliado de emergencia para definir acciones frente al denominado “gasolinazo nacional”. Su secretario ejecutivo, Mario Argollo, afirmó en conferencia de prensa que la medida afecta de manera directa a trabajadores y sectores vulnerables.

En contraste, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia respaldó el levantamiento de la subvención como parte de un ordenamiento económico, mientras que la Cámara Agropecuaria del Oriente pidió políticas complementarias para mitigar impactos. El Gobierno reiteró su apertura al diálogo, aunque descartó modificar el Decreto Supremo 5503.