El Gobierno se retira como parte acusadora en Sacaba y Senkata, dejando que jueces y magistrados definan el rumbo de procesos observados por víctimas y organismos internacionales.
El Gobierno decidió apartarse de toda intervención acusatoria en los casos Sacaba y Senkata, trasladando por completo la responsabilidad procesal al sistema judicial. La determinación fue confirmada por el viceministro de Justicia, Marcelo García Delfín, quien afirmó que el Ejecutivo no volverá a desempeñar un papel activo en esos expedientes, considerados entre los más sensibles y controvertidos de la última década.
García Delfín explicó que la instrucción institucional es tajante: el Ministerio de Justicia ya no participará como impulsor de los procesos que investigan las muertes ocurridas durante la administración de Jeanine Áñez. En su declaración pública, sostuvo que la prioridad es romper con cualquier señal de intervención política en la administración de justicia. Recalcó que la etapa actual exige que las decisiones recaigan exclusivamente en jueces, vocales y magistrados.
“La administración de justicia no puede depender de decisiones del Ejecutivo. Nuestro rol será únicamente administrativo. No vamos a influir ni a orientar resoluciones. Eso corresponde a las instancias jurisdiccionales”, afirmó la autoridad al presentar la nueva postura oficial.
El Tribunal Supremo de Justicia determinó anteriormente que ambos casos debían tramitarse mediante un juicio de responsabilidades, luego de concluir que las acusaciones contra la exmandataria tuvieron un origen irregular dentro de la jurisdicción ordinaria. Esa resolución dejó sin efecto todo lo investigado antes de las elecciones, afectando avances que ya se encontraban en curso y modificando radicalmente el camino procesal.
La decisión desplazó a las víctimas hacia instancias internacionales. Organizaciones de familiares de fallecidos y heridos acudieron una vez más a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que los retrocesos judiciales vulneraron sus expectativas de justicia. Argumentan que, antes de los comicios, se habían logrado avances concretos que posteriormente fueron revertidos sin justificación satisfactoria.
La CIDH, a través del GIEI, había emitido en 2023 un informe que exigía reparación plena y garantías de acceso a la verdad. Sin embargo, en septiembre de 2025, tras conocerse las nuevas disposiciones judiciales, tanto la CIDH como la Oficina de la ONU Derechos Humanos para América del Sur expresaron su preocupación ante un escenario que consideran regresivo y perjudicial para los afectados.
La retirada del Gobierno como acusador cambia el eje de presión. Ahora, la expectativa se concentra exclusivamente en la capacidad del sistema judicial para procesar los casos con independencia, rigor y celeridad. Las víctimas insisten en que cualquier demora adicional fortalecerá la percepción de impunidad, mientras organismos internacionales alertan que la falta de resultados compromete la credibilidad institucional del país. La tensión crece y el desenlace dependerá de la eficacia —o la inacción— de la justicia boliviana en un momento decisivo.