El Ejecutivo ratifica el incremento de la Renta Dignidad como compromiso invariable, pero evita detallar cifras mientras los adultos mayores advierten que no tolerarán más dilaciones.
El anuncio del Gobierno respecto al incremento de la Renta Dignidad intenta transmitir tranquilidad, pero no ha logrado disipar las dudas que crecen entre los jubilados del país. La confirmación de que el beneficio para los adultos mayores será mejorado llegó acompañada de una reserva que mantiene la tensión abierta: el monto exacto del aumento todavía no se dará a conocer. Frente a ello, las organizaciones del sector ya marcan posición y exigen definiciones rápidas para evitar que la promesa electoral se diluya con el tiempo.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, fue claro al recordar que la mejora de la Renta Dignidad no es una idea improvisada ni una propuesta ocasional para calmar protestas, sino un compromiso incluido en el programa de gobierno que lideraron Rodrigo Paz y Edman Lara. “Es una propuesta de campaña, está dentro de los planes y lo vamos a cumplir”, declaró la autoridad, dando a entender que el incremento ya está asegurado, aunque no precisó cuándo ni cuánto.
El plan original comprometido por el binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC) consistía en elevar este beneficio de forma progresiva hasta alcanzar los 2.000 bolivianos al final de su mandato. La propuesta empezaba con un aumento inmediato de 150 bolivianos en enero próximo, pasando de 350 a 500 bolivianos, y de ahí impulsar nuevos ajustes de manera paulatina. Esa promesa fue repetida en múltiples actos de campaña y presentada como una medida indispensable para proteger a un sector cuya economía está constantemente presionada por la inflación y el bajo poder adquisitivo.
Edman Lara, entonces candidato a la vicepresidencia, aseguró públicamente que el incremento cuenta con respaldo financiero y que los adultos mayores no deben temer un incumplimiento. En uno de sus discursos más citados, lanzó un mensaje directo: “Nosotros no mentimos. La Renta Dignidad que prometimos se va a dar y se va a cumplir para todos los adultos mayores del país”. Con esa frase, Lara buscaba instalar la percepción de que su propuesta no era demagogia, sino una decisión responsable y planificada.
En este nuevo contexto, el tema volvió a tomar relevancia durante la presentación de las primeras medidas para recuperar la institucionalidad del Estado y estabilizar la economía nacional. Allí, Espinoza informó que solicitaron al Congreso la devolución de la Ley del Presupuesto, con el propósito de realizar ajustes que permitan incluir formalmente el incremento dentro de las finanzas públicas del próximo año. Según el ministro, esa gestión demuestra que no hay improvisación y que las metas planteadas en la campaña serán sostenidas mediante acciones concretas.
Pero la Confederación de Jubilados no oculta su creciente impaciencia. Su principal dirigente, Rodolfo Ayala, recordó que el compromiso tenía una fecha de inicio y que el aumento debía aplicarse en enero sí o sí. “Paulatinamente va a subir y, a partir de enero, tendría que ser de 500 bolivianos”, expresó, remarcando que el sector no aceptará una redefinición del calendario ni nuevas explicaciones que demoren el cumplimiento.
La demora en precisar el monto mantiene alerta a un sector que históricamente ha debido movilizarse para defender sus derechos. Los adultos mayores temen que la falta de un anuncio firme pueda convertirse en el argumento para recortar la propuesta o modificarla según la situación económica del momento. Por eso exigen hechos, no declaraciones, y acción inmediata del Gobierno para transformar la promesa en una realidad verificable.
Espinoza se limitó a decir que la cifra final será revelada cuando exista el marco financiero plenamente consolidado y aprobado por el Legislativo. Sin embargo, la presión ya está en la calle y las bases de los jubilados se preparan para exigir lo comprometido con mayor fuerza si perciben cualquier intento de dilación.