Las gobernaciones insistirán en Sucre con una redistribución gradual de recursos desde 2027, mientras el Ejecutivo plantea revisar el modelo autonómico antes de modificar la coparticipación tributaria vigente.

La propuesta de las gobernaciones para iniciar una redistribución gradual del 50/50 de la coparticipación tributaria encontró una respuesta negativa del Gobierno nacional. El Ejecutivo dejó claro que no impulsará la modificación planteada por los departamentos en los términos presentados y sostuvo que cualquier cambio en la distribución de recursos debe formar parte de una reforma integral del Estado. La diferencia de posiciones marca el escenario con el que ambas partes llegarán a la reunión convocada para el 5 de agosto en Sucre, donde se buscará abrir una negociación sobre el futuro del régimen autonómico.
La posición oficial fue fijada por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, luego de que siete gobernadores acordaran en El Alto impulsar un proyecto de ley para redistribuir progresivamente la coparticipación tributaria desde la gestión 2027, comenzando con el Impuesto a las Transacciones (IT) y extendiendo el mecanismo de manera escalonada hasta 2031.
Aunque el Gobierno admitió que el sistema autonómico necesita ajustes, descartó que la solución pase únicamente por transferir mayores recursos a las gobernaciones.
«Escucharemos todas las sugerencias en todos los ámbitos, pero queremos animar a que estas no se planteen en términos estrictamente de distribución fiscal, sino que se piensen de manera estructural», manifestó Gálvez.
La declaración representó la primera respuesta oficial a las conclusiones alcanzadas por los gobernadores, quienes sostienen que el actual esquema de financiamiento ya no permite atender las competencias que fueron asumidas por las administraciones departamentales durante los últimos años.
Los departamentos también solicitaron que varias entidades nacionales pasen a depender de las gobernaciones. Entre ellas figuran el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), encargado de controlar la comercialización minera; el Servicio Geológico Minero (Sergeomin), responsable de la prospección y exploración de recursos minerales; además de algunos servicios de salud.
Sin embargo, el Ejecutivo rechazó esa posibilidad.
«No tiene mucho sentido transferir instituciones que han fracasado, que son corruptas o que tienen acusaciones de ese orden; más bien, la aplicación de las políticas del 50/50 debe darnos un nuevo orden de Estado», afirmó el vocero presidencial.
A pesar de esa respuesta, el Gobierno aseguró que las dificultades financieras que enfrentan las regiones serán consideradas en las conversaciones previstas con los gobiernos subnacionales.
«No implica dejar de atender las necesidades inmediatas. Somos totalmente conscientes de que las gobernaciones, las alcaldías y las entidades autónomas regionales están pasando por diversas necesidades económicas debido a esta crisis, y las trataremos en ese marco», señaló Gálvez.
La propuesta departamental fue respaldada por los gobernadores presentes en la reunión de El Alto. El gobernador de La Paz, Luis Revilla, explicó que existe consenso para avanzar hacia una redistribución gradual de la coparticipación tributaria.
«Estamos todos de acuerdo en que la discusión del 50/50 tiene que pasar por una redistribución de la coparticipación de al menos un impuesto de manera gradual a partir de la gestión 2027», declaró.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, precisó que el plan contempla incorporar otros tributos conforme avance el proceso hasta completar el nuevo esquema de distribución en 2031, evitando una implementación inmediata que afecte la estabilidad fiscal.
Las gobernaciones también acordaron impulsar la derogación de leyes y decretos aprobados desde 2006 que, según consideran, incrementaron responsabilidades para los departamentos sin asignar recursos suficientes para financiarlas. Ese planteamiento forma parte del paquete que será presentado al Gobierno nacional durante las próximas semanas.
Desde el Beni, el gobernador Jesús Egüez sostuvo que las administraciones departamentales enfrentan problemas similares relacionados con la falta de recursos económicos y la creciente carga competencial. Indicó que la reunión permitió construir una posición común y destacó la necesidad de instalar mesas técnicas antes del encuentro previsto en Sucre.
Egüez añadió que el trabajo coordinado entre gobernadores, legisladores, municipios y otras autoridades regionales será determinante para consolidar una propuesta conjunta que represente los intereses de todos los departamentos.
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, afirmó que el proceso autonómico no alcanzó los resultados esperados desde su implementación y consideró que las regiones continúan enfrentando las mismas limitaciones financieras.
«Son 20 años que poco se ha avanzado», manifestó.
La autoridad señaló que los departamentos buscan fortalecer su autonomía mediante una mayor capacidad de decisión sobre sus ingresos y cuestionó que continúen asumiendo competencias sin el financiamiento correspondiente.
Desde Chuquisaca, el gobernador Luis Ayllon pidió que la reunión convocada por el presidente Rodrigo Paz produzca resultados concretos y no se limite a un intercambio de posiciones. Recordó que el propio mandatario habló anteriormente de la necesidad de superar un «Estado tranca» y sostuvo que ahora corresponde avanzar hacia soluciones construidas entre el nivel central y las regiones.
Ayllon insistió en que las mesas técnicas deben instalarse antes del 5 de agosto para que los acuerdos lleguen suficientemente trabajados y permitan adoptar decisiones sobre la redistribución de recursos y el fortalecimiento de las autonomías.
El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, sostuvo que el centralismo continúa siendo una de las principales causas de las diferencias económicas entre departamentos y planteó que la descentralización de recursos e instituciones constituye una condición necesaria para reducir esas brechas.
Los gobernadores también resolvieron conformar una Asociación de Gobiernos Autónomos Departamentales con el propósito de coordinar posiciones comunes frente al Ejecutivo y realizar un seguimiento permanente a las propuestas relacionadas con la reforma autonómica.
Con ambas posiciones ya definidas, la reunión del 5 de agosto en Sucre se perfila como el primer encuentro formal donde el Gobierno y las gobernaciones confrontarán sus propuestas sobre la redistribución de recursos, el alcance de las autonomías y la reorganización de competencias entre el nivel central y los departamentos. Mientras las regiones llegarán con un proyecto de ley para aplicar el modelo 50/50 de manera gradual, el Ejecutivo mantiene su decisión de discutir primero una reforma estructural antes de modificar la actual distribución tributaria.