Las órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales y campesinos desataron críticas en distintos sectores, que acusan al Gobierno de utilizar a la Fiscalía y la Policía para frenar las movilizaciones populares.

La crisis política y social en Bolivia escaló este lunes después de que el Ministerio Público emitiera órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales, campesinos y vecinales que participan en las protestas contra el Gobierno. La decisión alcanzó al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; al senador suplente Nilton Condori; y a los dirigentes Davis Quispe, Juan Héctor Huacani, Justino Apaza y Winston Gemio Quispe, todos vinculados a las movilizaciones que mantienen bloqueadas varias rutas y zonas urbanas de La Paz y El Alto.
La determinación fiscal fue asumida en medio de un clima de alta tensión social y luego de más de dos semanas de protestas impulsadas por organizaciones obreras, campesinas y sectores autoconvocados que reclaman por el deterioro económico, el incremento del costo de vida y la falta de respuestas del Ejecutivo.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que las resoluciones de aprehensión fueron emitidas tras informes policiales y denuncias presentadas por el Ministerio de Gobierno. Los dirigentes son acusados de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo y atentados contra servicios públicos y medios de transporte.
La reacción de los sectores movilizados fue inmediata. Desde distintos puntos de bloqueo y concentración, dirigentes y manifestantes denunciaron que el Gobierno busca convertir la protesta social en un delito para debilitar las movilizaciones. Varios sectores compararon las acciones judiciales con prácticas aplicadas en periodos de persecución política, señalando que las demandas sociales están siendo respondidas con amenazas de cárcel y operativos policiales.
Mario Argollo se convirtió en uno de los principales rostros de las protestas después de liderar movilizaciones de la COB exigiendo un aumento salarial del 20% y medidas urgentes frente a la crisis económica. Tras semanas sin acuerdos con el Ejecutivo, los sindicatos resolvieron radicalizar las medidas y sumar fuerzas con organizaciones campesinas y vecinales.
La llegada de la marcha evista a la sede de Gobierno elevó todavía más la tensión. A la movilización se sumaron ponchos rojos, maestros rurales y organizaciones alteñas que recorrieron las calles del centro paceño exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz y una transformación de la política económica aplicada por el Ejecutivo.
Durante la jornada, efectivos policiales utilizaron agentes químicos para impedir el avance de los manifestantes hacia la plaza Murillo. Las escenas de enfrentamiento se extendieron por varias horas en el centro de La Paz, mientras miles de personas permanecían movilizadas en defensa de los dirigentes procesados.