Luego de bloqueos y negociaciones en El Alto, Ejecutivo y COB acordaron reemplazar el decreto 5503, conformar comisión conjunta, mantener cuatro ejes económicos y levantar protestas bajo estado de emergencia

Tras varios días de movilización en distintos puntos del país, el Gobierno aceptó modificar su posición frente al Decreto Supremo 5503 y proceder a su abrogación parcial. La decisión fue confirmada luego de un prolongado diálogo sostenido en la ciudad de El Alto entre autoridades del Ejecutivo y la dirigencia nacional de la Central Obrera Boliviana (COB), según consta en el acta oficial firmada por ambas partes.

El encuentro se desarrolló en inmediaciones del mercado Santa Rosa, un punto estratégico elegido por las organizaciones sociales para concentrar a sus delegaciones. Hasta ese lugar llegaron seis ministros de Estado, quienes participaron directamente en las negociaciones con los representantes sindicales. El documento suscrito establece que el decreto cuestionado será reemplazado por una nueva norma, cuya redacción estará a cargo de una comisión mixta.

De acuerdo con el acta difundida por la COB, el Gobierno conformará de inmediato una comisión integrada por técnicos gubernamentales y delegados de los sectores movilizados. Este equipo trabajará “por tiempo y materia” en la elaboración del nuevo decreto, incorporando observaciones de organizaciones sociales, sindicatos y otros actores que participaron en las protestas.

El acuerdo precisa que, aunque el DS 5503 será dejado sin efecto, la nueva normativa mantendrá únicamente cuatro componentes considerados centrales por el Ejecutivo. Estos son: la política referida a la subvención de los combustibles, la reprogramación de créditos en el sistema financiero, el fortalecimiento de los bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial. En los hechos, se ratifica la continuidad del proceso de eliminación gradual de la subvención a los carburantes.

Las autoridades se comprometieron a promulgar el nuevo decreto en un plazo máximo de 48 horas desde la firma del acuerdo. Esta disposición quedó registrada en el documento oficial, firmado por ministros y dirigentes sindicales, y fue confirmada públicamente por voceros gubernamentales en declaraciones a medios de comunicación.

Como contraparte, la Central Obrera Boliviana resolvió instruir el levantamiento inmediato de todas las medidas de presión a nivel nacional. Sin embargo, la organización declaró estado de emergencia permanente hasta que el nuevo decreto sea oficialmente promulgado. Esta decisión fue comunicada por el dirigente nacional Mario Argollo, quien pidió a las bases desmovilizarse de forma ordenada.

“Vamos a solicitar que se levanten las medidas de presión en todo el país. No podemos ser intransigentes, nuestros compañeros están pasando dificultades en las carreteras”, manifestó Argollo en una conferencia de prensa brindada en El Alto, declaraciones registradas por medios locales.

El dirigente también anunció que la COB realizará un seguimiento estricto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo. “Después de la firma, vamos a hacer control. En este conflicto, el pueblo se apoyó entre sí y eso no se debe olvidar”, expresó, según registros audiovisuales difundidos por la propia organización sindical.

Las movilizaciones que precedieron al acuerdo se extendieron por varios departamentos, con bloqueos en rutas principales y marchas en ciudades capitales. Sectores fabriles, mineros, gremiales y campesinos protagonizaron las protestas, exigiendo la modificación del decreto y denunciando el impacto de las medidas en el costo de vida, según comunicados emitidos por sus federaciones.