Los centros penitenciarios de Riberalta y Las Palmas están saturados más del doble de su capacidad, mientras miles de privados de libertad esperan juicio sin fecha ni sentencia.
Los recintos carcelarios de Riberalta y la Carceleta Pública Las Palmas, en Guayaramerín, viven una crisis humanitaria alarmante debido al exceso de población. Según la Lic. Deisy Rivero, responsable de la Mesa Defensorial del Pueblo, ambos establecimientos operan por encima del 200% de su capacidad, sin que las autoridades nacionales ni departamentales hayan implementado medidas concretas para frenar la emergencia.
Rivero advirtió que la situación se agrava porque un gran número de internos permanece detenido sin acusación formal, sin fecha de juicio y sin sentencia.
Esta prolongación injustificada en las cárceles no solo vulnera los derechos fundamentales, sino que intensifica el hacinamiento y la tensión dentro de los penales.
“La falta de avance procesal mantiene en condiciones críticas a las personas privadas de libertad. Es imprescindible que los procesos judiciales se aceleren y se cumplan con los plazos establecidos por la ley”, enfatizó Rivero, señalando que la demora estructural en la justicia es uno de los principales factores de la saturación penitenciaria.
Los internos conviven en espacios insuficientes, enfrentando riesgos constantes de violencia, enfermedades y abandono de sus derechos básicos. Las condiciones actuales reflejan un sistema colapsado que no solo pone en peligro la integridad de los detenidos, sino que evidencia la ineficiencia de las instituciones responsables de garantizar justicia y protección.
La representante defensorial urgió a las autoridades competentes a actuar de inmediato, implementar protocolos de deshacinamiento y garantizar el respeto a los derechos humanos, recordando que la espera indefinida dentro de estos recintos equivale a una pena añadida al encierro ya impuesto.