En medio de una crisis política que erosiona la confianza ciudadana, Roberto de la Cruz denuncia que el poder real queda en manos de Samuel Doria Medina mientras resurgen viejas estructuras partidarias.
La tensión política vuelve a escalar ante un escenario que, para el activista alteño Roberto de la Cruz, ya roza lo insólito: el país presencia cómo las pugnas entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara se convierten en el eje del gobierno, mientras un actor al que califica como “el gran perdedor electoral”, Samuel Doria Medina, retoma influencia en la administración estatal. Lo que en primera instancia parecía una disputa por cargos ahora, señala, adquiere una dimensión más profunda: la reactivación del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), habilitado recientemente por el Tribunal Supremo Electoral, justo antes del recambio de sus directivas.
Según De la Cruz, el desorden institucional ya provoca un deterioro perceptible en El Alto y en las provincias paceñas, regiones que otorgaron a Paz y Lara el respaldo decisivo para alcanzar la victoria. En esos territorios, afirma, el desencanto avanza con fuerza debido a la ausencia de señales claras de gestión y al espectáculo público de confrontaciones internas. La ciudadanía esperaba que el nuevo gobierno iniciara de inmediato la ejecución de sus promesas, pero, a casi tres semanas de asumido el mando, la percepción predominante es que la prioridad no está en la agenda comprometida, sino en la disputa de espacios de poder.
El activista sostiene que la falta de definiciones políticas comienza a tensar el ambiente social. Asegura que los votantes no están dispuestos a tolerar un gobierno distraído “en peleas mediáticas y pugnas de TikTok”, mientras la crisis económica continúa dejando a miles de familias en situación límite. De persistir el conflicto entre las dos principales autoridades, advierte, podría abrirse una etapa de movilización ciudadana que exija respuestas concretas. Para la dirigencia social alteña, este es el primer llamado severo del ciclo político actual.
De la Cruz también dirige su crítica a lo que considera la intromisión de actores que perdieron legitimidad en las urnas. Señala que el retorno del MIR al escenario institucional y la presencia de figuras cercanas a Samuel Doria Medina en el diseño del gabinete reeditan prácticas políticas que la población esperaba superadas. Recuerda que varios de los actuales funcionarios fueron parte del gobierno de Jeanine Añez y que ese antecedente genera desconfianza en amplios sectores que asocian ese periodo con improvisación y falta de responsabilidad.
En su valoración, permitir que un político sin mandato popular específico influya en la configuración del Ejecutivo constituye un riesgo evidente. Afirma que el país ya conoce las consecuencias de esas alianzas, al mencionar que durante la administración de Añez múltiples decisiones derivaron en crisis judiciales y persecuciones posteriores. Por ello, considera preocupante que, en un contexto tan delicado, resurjan pactos políticos que desplazan la decisión ciudadana.