Autoridades judiciales y del Ejecutivo ofrecieron versiones oficiales sobre operativos, fechas y responsabilidades, mientras el material incautado sigue incompleto y el proceso avanza con menor ritmo que al inicio.
El expediente sobre las 32 maletas que ingresaron al país sin control formal perdió la velocidad que marcó sus primeros días. Las actuaciones continúan abiertas, pero el paso del tiempo ha desplazado la contundencia inicial y dejó un panorama cargado de informes técnicos, diligencias dispersas y datos que todavía no logran cerrar la historia completa.
Registros del Ministerio Público y reportes institucionales confirman que, pese a múltiples intervenciones policiales, no se logró recuperar la totalidad del equipaje ni precisar de manera definitiva qué transportaban todas las valijas. Los allanamientos más recientes se realizaron en propiedades vinculadas a personas bajo investigación, con participación de fiscales y unidades especializadas, principalmente en Santa Cruz.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la Policía y la comisión de fiscales mantienen activas las actuaciones necesarias dentro de la causa. Señaló que las diligencias siguen su curso conforme a procedimiento, aunque admitió que los objetos buscados no han sido plenamente ubicados. La causa se tramita bajo figuras penales relacionadas con legitimación de ganancias ilícitas y delitos vinculados a sustancias controladas.
Los antecedentes del caso se sitúan a fines de noviembre de 2025, cuando un vuelo chárter procedente de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto de Viru Viru. Documentos oficiales establecen que 32 maletas pasaron sin registro ni revisión por los controles habituales. Días después, parte de ese equipaje fue trasladado a una empresa de seguridad privada, donde, según la Fiscalía, se hallaron 79 kilos de marihuana y una máquina utilizada para procesamiento de droga.
Como resultado de esas actuaciones, la justicia dispuso detención preventiva para varias personas. Entre ellas figura el juez Hebert Zeballos, propietario de la firma de seguridad donde se encontraron las sustancias, y la exdiputada Laura Rojas, señalada por su presunta vinculación con el traslado del equipaje. Las resoluciones judiciales se sustentan en informes policiales, actas de allanamiento y pericias incorporadas al cuaderno de investigaciones.
Paralelamente, se conocieron versiones oficiales que muestran diferencias sobre el momento en que las autoridades tomaron conocimiento del hecho. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, declaró que su cartera recibió información durante la primera semana de diciembre y que instruyó acciones a unidades de inteligencia y lucha contra el narcotráfico. Explicó que se aplicó reserva institucional para no afectar el trabajo investigativo.