Las decisiones emitidas durante la tramitación del proceso judicial son revisadas tras una sucesión de fallos que modificaron las medidas cautelares impuestas a los principales investigados.

Las resoluciones dictadas por dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que dejaron sin efecto las detenciones preventivas de varios investigados en el caso de la encomienda que transportaba 1,7 millones de bolivianos y 125.500 dólares, dieron paso a una investigación sobre la actuación de las autoridades judiciales por un presunto favorecimiento a los imputados.
La revisión alcanza a los vocales Carlos Alberto Guzmán Luján y Narda Virginia Vega Leigue, quienes resolvieron recursos de apelación presentados por cinco procesados que buscaban revertir las decisiones asumidas por la autoridad jurisdiccional de primera instancia.
La investigación desarrollada por el Ministerio Público sostiene que el dinero secuestrado no pudo ser justificado por las personas involucradas. Sobre la base de los elementos reunidos durante las pesquisas, una jueza dispuso la detención preventiva de policías y de un piloto civil por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.
Sin embargo, el curso del proceso cambió con las resoluciones emitidas en segunda instancia. El 11 de junio de 2026, la vocal Narda Virginia Vega Leigue declaró procedente la apelación presentada por Andrea Nineth Choque Mendoza, modificando la medida cautelar que pesaba en su contra.
Días después, el vocal Carlos Alberto Guzmán Luján emitió otra resolución favorable para Sergio Rivero Montaño, Luinn Mamani Ramos y Jann Nicole Romero Nina, aceptando sus recursos de apelación y ordenando nuevas medidas cautelares.
Posteriormente, el mismo vocal resolvió parcialmente el recurso interpuesto por César Antonio Saravia Ordóñez. La decisión dejó vigente solamente uno de los riesgos procesales considerados por la Fiscalía, situación que permitió al imputado avanzar hacia una audiencia de cesación de la detención preventiva.
La secuencia de fallos derivó en la liberación progresiva de los investigados, pese a que la causa penal continuaba abierta y la Fiscalía mantenía la hipótesis de que el origen del dinero seguía sin ser explicado de manera legal por los procesados.
Frente a ese panorama, el Ministerio Público abrió un segundo proceso por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Con nuevos elementos incorporados a la investigación, logró nuevamente que Sergio Rivero Montaño, César Antonio Saravia Ordóñez, Luinn Mamani Ramos y Jann Nicole Romero Nina fueran enviados con detención preventiva mientras continúan las investigaciones.
Los cuatro imputados volvieron a recurrir a la vía de la apelación con el propósito de obtener otra modificación de sus medidas cautelares, repitiendo la estrategia jurídica utilizada durante la primera investigación.
Otro episodio que también forma parte de los antecedentes ocurrió antes de que se presentara la imputación formal dentro del nuevo proceso. El juez Daniel Alberto Núñez Vela Bruening, quien anteriormente había dispuesto la cesación de la detención preventiva de varios investigados, salió de vacaciones por dos días y no llegó a conocer la causa por legitimación de ganancias ilícitas.
Hasta la fecha, el Consejo de la Magistratura no emitió un pronunciamiento oficial sobre la actuación de los jueces y vocales involucrados. Entretanto, la revisión de las resoluciones judiciales avanza paralelamente al proceso penal, que continúa bajo la dirección del Ministerio Público con dos investigaciones abiertas relacionadas con el millonario cargamento de dinero incautado en el Beni.