La decisión del Gobierno israelí contempla un llamado masivo a reservistas para unirse a la ocupación, en medio de las protestas de miles de israelíes contra la guerra en Gaza.
El gobierno israelí aprobó este lunes un controvertido plan que busca el control total de la Franja de Gaza, incluyendo el desplazamiento masivo de su población hacia el sur del territorio o hacia países vecinos.
La medida, respaldada por el gabinete de seguridad, ha generado condenas internacionales ante lo que organizaciones humanitarias califican como un intento de limpieza étnica.
El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, defendió la estrategia al afirmar que su país tomará «definitivamente» el control del enclave. Según fuentes oficiales, el plan se basa en tres ejes: ocupación militar completa, reubicación forzada de civiles y estímulo a la emigración hacia naciones como Egipto y Jordania.
Este proyecto refleja una política que, bajo el discurso de «reubicación voluntaria», busca expulsar a los palestinos de sus tierras.
Paralelamente, Israel mantiene un bloqueo que desde marzo impide la entrada de ayuda humanitaria, agravando la crisis en Gaza, donde escasean alimentos, medicinas y agua potable.
Autoridades gazatíes denuncian que Israel usa la ayuda como «castigo colectivo», mientras que Hamás rechaza el plan, acusándolo de buscar el sometimiento mediante hambre y desplazamiento.
La organización pidió a la comunidad internacional actuar para detener lo que consideran violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El conflicto, reactivado en octubre de 2023, ha dejado más de 52.000 palestinos muertos, según cifras locales, y un 90% de la población desplazada.
Desde marzo de 2025, el ejército israelí ha creado corredores que restringen el movimiento, como el de Morag, que aísla a la devastada ciudad de Rafah.
Mientras la crisis humanitaria se profundiza, la comunidad global enfrenta presiones para intervenir ante lo que muchos califican como una escalada sin precedentes en la violencia contra civiles.