Luis Reyes lucha entre la vida y la muerte tras sufrir un golpe severo en la cabeza durante manifestación en Lima, mientras familiares y autoridades exigen transparencia y atención médica inmediata.
Luis Reyes Rodríguez, de 28 años, permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Loayza, conectado a un respirador artificial, tras resultar gravemente herido durante la marcha pacífica del 15 de octubre en Lima. La protesta exigía la renuncia del presidente interino José Jerí y denunciaba la corrupción parlamentaria, cuando un impacto en su cabeza, presuntamente producto de la intervención policial, lo dejó con un traumatismo severo.
Los médicos explicaron que parte del cerebro de Luis quedó afectada de forma irreversible y que el coma inducido es necesario para proteger su vida hasta poder intervenirlo quirúrgicamente. Herli Rodríguez, tía del joven, relató con angustia que los profesionales de salud detallaron la delicadeza del procedimiento: “Lo mantienen dormido para estabilizarlo antes de cualquier operación, esperamos que resista”, comentó mientras se aferraba a la esperanza.
La familia denuncia que ninguna autoridad del Ejecutivo ni del Ministerio del Interior se ha acercado para ofrecer explicaciones o asistencia. Desde la noche del incidente, amigos y allegados se turnan frente al hospital, realizando vigilias silenciosas y orando por su recuperación, mientras el ambiente se carga de ansiedad y expectativa por cada informe médico.
La madre de Luis expresó su desesperación: “Mi hijo estaba ejerciendo su derecho a protestar pacíficamente y ahora lucha por su vida. Queremos saber quién lo agredió y por qué. No puede quedar impune”. En paralelo, la Defensoría del Pueblo supervisa la atención médica y ha solicitado que los medicamentos y la asistencia postoperatoria sean gratuitos, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre los hechos.
El caso de Luis se suma al asesinato de Eduardo Ruiz Sáenz, joven músico que murió durante la misma movilización, confirmando la gravedad de la represión en el contexto de protestas ciudadanas. La llegada de José Jerí al poder interino, tras presidir el Congreso, ha sido señalada por diversos sectores como un impulso a políticas de mano dura y un endurecimiento de la actuación policial.