El exdirigente de la Central Obrera Boliviana es investigado tras ser vinculado a un presunto pago de sobornos por parte de un exministro, hecho que él niega rotundamente.
El eco de una denuncia judicial volvió a poner el nombre de Juan Carlos Huarachi en el debate nacional. El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) se convirtió en objeto de una investigación del Ministerio Público de La Paz por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito. La decisión fue confirmada por el fiscal Guido Uruña, quien dio curso a la denuncia interpuesta por el abogado Abel Loma.
Según el informe fiscal, la acusación se origina en una investigación sobre sobornos millonarios dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Loma sostiene que Huarachi habría recibido dinero de parte del entonces ministro Juan Santos Cruz, actualmente encarcelado por corrupción desde 2023. El denunciante basa su argumento en los testimonios de una testigo que asegura contar con documentos que probarían la entrega de fondos.
Esa testigo es Claudia Cortez, una mujer que se presentó ante las autoridades afirmando haber presenciado la entrega de 40.000 bolivianos a Huarachi. De acuerdo con sus declaraciones, el dinero provendría directamente del exministro Santos Cruz. El abogado Loma asegura que su clienta no solo cuenta con papeles, sino también con detalles de los encuentros y las transferencias, los cuales —según su versión— comprometerían al exdirigente obrero.
Frente a las acusaciones, Huarachi respondió con firmeza. Dijo que la denuncia es parte de una “campaña de difamación” que busca empañar su trayectoria y desacreditar los años que dedicó a la dirigencia sindical. “Estoy tranquilo porque no tengo nada que ocultar. Estoy dispuesto a levantar mi secreto bancario si es necesario”, declaró ante los medios, convencido de que la verdad saldrá a la luz.
Durante su liderazgo, que se extendió por casi ocho años, Huarachi encabezó la organización obrera más poderosa del país. Fue una figura influyente en la política nacional, especialmente por su cercanía con los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), alianza que le valió tanto reconocimiento como críticas desde sectores que exigían mayor independencia sindical.
Su salida de la COB se concretó la semana pasada, durante el XVIII Congreso Ordinario realizado en Cobija, donde los delegados eligieron a Mario Argollo como nuevo secretario ejecutivo. Sin embargo, la tranquilidad del cambio de mando se vio interrumpida por la apertura de esta investigación que reavivó viejas tensiones dentro del movimiento obrero.
En las calles y en las oficinas sindicales, el caso divide opiniones. Algunos sostienen que el proceso judicial es una jugada política destinada a desacreditar a un dirigente que mantuvo influencia más allá de su mandato. Otros, en cambio, consideran que la justicia debe avanzar sin mirar banderas, y que toda denuncia de corrupción debe investigarse con rigor.