La justicia definió la situación jurídica de 35 personas capturadas tras el accidente aéreo en El Alto. Hubo detenciones preventivas, arrestos domiciliarios con fianza y una liberación sin cargos.

La audiencia cautelar realizada de manera virtual en un juzgado de El Alto concluyó con 19 personas enviadas a prisión preventiva, 15 beneficiadas con arresto domiciliario y una liberada por falta de pruebas. La decisión fue asumida por el juez Marco Antonio Amaru, tras valorar los elementos presentados por el Ministerio Público.
La autoridad jurisdiccional ordenó que 15 imputados sean recluidos en el penal de Patacamaya. Tres mujeres fueron derivadas al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras que un menor fue remitido al Centro de Rehabilitación de Qalauma. “Se acreditaron indicios suficientes y riesgos procesales”, sostuvo el juez durante la fundamentación.
Para los 15 procesados que no fueron enviados a prisión, se dispuso detención domiciliaria con arraigo, presentación obligatoria de garantes y firma quincenal en el registro fiscal. Además, se estableció una fianza de 25.000 bolivianos como medida coercitiva. “El incumplimiento implicará la revocatoria inmediata del beneficio”, se advirtió en la resolución.
Uno de los aprehendidos recuperó su libertad luego de que no se demostrara participación en la sustracción del dinero. “No se logró vincularlo con los hechos investigados”, se dejó constancia en audiencia.