El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió millones de páginas de documentos del caso Epstein que contienen denuncias graves, incluidas imputaciones contra Donald Trump; las agencias advierten que muchas no están verificadas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló este viernes un nuevo volumen de documentos vinculados al expediente sobre Jeffrey Epstein, en el que aparecen acusaciones de delitos sexuales atribuidas al expresidente Donald Trump. La divulgación responde a la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, una norma federal aprobada para poner a disposición pública la mayor cantidad de material posible relacionado con las investigaciones sobre Epstein y su entorno.
Los nuevos archivos suman más de tres millones de páginas, que se añaden a otros documentos liberados con anterioridad. Según el propio DOJ, la publicación incluida este viernes representa un esfuerzo por cumplir con un mandato legal, pero contiene aportes y alegaciones que no han sido verificadas por el FBI ni por otra instancia oficial. La propia oficina aclaró que el paquete documental puede integrar material “falso o presentado de forma engañosa” porque incluye todo lo que el público remitió a las autoridades, sin filtrado de credibilidad.
Este alcance es clave para entender el significado y los límites de la información que circula ahora. Ni el Departamento de Justicia ni el FBI han afirmado que las acusaciones que aparecen en estos archivos —incluidas las que mencionan a Trump— hayan sido corroboradas en un proceso legal ni que correspondan a hechos comprobados. La inclusión en una colección de documentos públicos no equivale a verificación judicial ni a sentencia de culpabilidad.
¿QUÉ CONTIENE ESTE NUEVO PAQUETE DE ARCHIVOS?
Los documentos liberados abarcan:
• Comunicaciones internas de agencias federales
• Correspondencia relacionada con investigaciones previas
• Presentaciones realizadas por particulares
• Material remitido al FBI por ciudadanos, abogados o terceros
• Extractos de investigaciones periodísticas y alegaciones privadas
Entre estos aportes figuran testimonios y descripciones de conducta que algunas personas atribuyen a Donald Trump, así como a otras figuras públicas vinculadas en distintos contextos con Epstein o con personas de su círculo. Sin embargo, el gobierno ha advertido expresamente que muchas de esas imputaciones no han sido sometidas a verificación.
El DOJ reiteró en su comunicado oficial que “algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que se presentaron al FBI justo antes de las elecciones de 2020”. Además, añadió que “todo lo que el público envió al FBI se incluyó en la producción que responde a la Ley”, lo que implica que no hubo una selección basada en veracidad o evidencia comprobada.
FIABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS
El Departamento de Justicia ha buscado anticipar malentendidos señalando que:
• Los documentos públicos pueden contener material falso o fraudulento.
• No existe validación oficial de las imputaciones individuales incluidas en el paquete.
• La publicación responde estrictamente a un mandato legal, no a una declaración de hechos confirmados.
En ese sentido, el DOJ subrayó que si alguna de las acusaciones tuviera un respaldo documentado y verificable, ya hubiera sido objeto de investigación formal o de acciones judiciales, especialmente en un contexto de alto escrutinio político y mediático.
Este tipo de aclaración institucional es relevante porque, al tratarse de un set de documentos tan voluminoso y diverso, la presencia de una acusación en el acervo no implica su veracidad ni su autorización por parte de las autoridades.
ADVERTENCIAS SOBRE SU USO
Dentro de los documentos liberados figuran presentaciones de particulares que detallan situaciones de abuso y de organización de encuentros en propiedades vinculadas a Epstein. Algunas de estas presentaciones mencionan directamente a Donald Trump, atribuyéndole participación en eventos que involucran conducta sexual inapropiada con menores.
Es importante poner estas descripciones en contexto:
• Los alegatos provienen de documentos presentados al FBI por terceros, no de investigaciones judiciales concluidas.
• Las agencias federales no han confirmado que estos testimonios sean ciertos.
• El propio DOJ ha advertido del potencial de contenido “sensacionalista” o erróneo en algunos de los archivos.
Organizaciones que han tenido acceso previo a la base de datos han señalado que gran parte del material incluye repetición, relatos no corroborados y referencias sin base documental sólida. Varias entidades académicas y de análisis legal han insistido en que el valor periodístico o histórico de estos archivos no puede confundirse con un respaldo legal a cada afirmación que contienen.
La divulgación de estos archivos generó reacciones inmediatas en distintos sectores:
Voceros vinculados a Donald Trump rechazaron de forma categórica las alegaciones contenidas en los documentos, calificándolas de “infundadas” y “propaganda política” destinada a dañar la reputación del expresidente. Subrayaron que la propia advertencia del Departamento de Justicia sobre la falta de verificación evidencia la necesidad de distinguir entre acusaciones públicas y hechos probados.
Diversos medios de comunicación han cubierto el tema con enfoques diferenciados. Algunos resaltan la difusión masiva de documentos como un avance en transparencia institucional, mientras otros enfatizan el riesgo de que información no verificada se confunda con hechos comprobados. Las organizaciones que cubren temas de libertad de información han pedido análisis cuidadosos y responsables del contenido, evitando extrapolar conclusiones sin sustento.
Grupos de defensa de víctimas de abuso sexual han destacado que la apertura de expedientes puede permitir un mayor entendimiento histórico de los casos, aunque también han pedido mecanismos más claros para diferenciar lo que es material corroborado de lo que son alegaciones sin base en evidencia judicial.
TRANSPARENCIA DE ARCHIVOS EPSTEIN
La Ley de Transparencia fue impulsada tras años de reclamos públicos para que el gobierno estadounidense hiciera públicos la mayor cantidad posible de documentos vinculados a Epstein y a su red. El proyecto de ley fue aprobado y promulgado en noviembre de 2025, con la intención de reducir la opacidad que rodeaba a investigaciones y alegaciones relacionadas con Epstein y asociados.
Sus promotores argumentaron que la liberación de documentos ayudaría a comprender mejor el alcance del caso y la participación de distintas figuras. Sin embargo, expertos legales han señalado que un principio de transparencia requerido por ley no debe confundirse con un método de verificación: poner a disposición pública material bruto no equivale a validar cada una de sus partes.
