La jueza Vivían Balcázar aceptó la conciliación entre Luis Marcelo Arce Mosqueira y su pareja, disponiendo terapias psicológicas obligatorias y medidas de restricción por cinco meses.
El reloj marcaba media mañana cuando la puerta del Juzgado 21 se cerró con suavidad. Dentro, el silencio era casi absoluto. Solo el zumbido del aire acondicionado acompañaba a los presentes mientras la jueza Vivían Balcázar leía en voz pausada una resolución que muchos esperaban con nerviosismo. Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del presidente Luis Arce, escuchaba serio, sin mirar a nadie. La magistrada ordenaba su liberación, aceptando la conciliación presentada por la mujer que semanas atrás lo había denunciado por violencia familiar.
El caso había recorrido los medios desde que la denuncia se presentó el 18 de septiembre. La víctima relató agresiones físicas y psicológicas, y un certificado médico determinó 12 días de incapacidad. La Fiscalía, tras evaluar los hechos, emitió una orden de aprehensión y pidió detención preventiva en Palmasola. Sin embargo, la historia tomó otro rumbo cuando, en plena audiencia, la denunciante pidió la conciliación y desistió formalmente del proceso.
Frente a la jueza, la mujer explicó con voz entrecortada que su vida había cambiado desde que el caso se hizo público. “No puedo caminar tranquila”, dijo. “Las miradas me lastiman más que lo ocurrido”. Aclaró que no había recibido presión alguna, y que su decisión nacía del deseo de cerrar una etapa dolorosa. Dijo que la exposición mediática se había vuelto insoportable, no solo para ella, sino también para su familia.
El imputado, con gesto contenido, pidió permiso para hablar. Reconoció sus errores y ofreció disculpas a la víctima y a su entorno. “Asumo lo que me corresponde”, expresó. La jueza lo escuchó sin interrumpirlo. Luego, con tono firme, impuso medidas sustitutivas: asistir a terapias psicológicas durante cinco meses, mantener distancia de la denunciante y abstenerse de cualquier acto de agresión. Recalcó que el proceso no quedaba cerrado y que en marzo de 2026 se revisaría el cumplimiento de las obligaciones impuestas.
En la misma sala, la fiscal Jessica Echeverría fruncía el ceño. Había pedido la detención preventiva y consideró insuficiente la decisión. “Nosotros velamos por la víctima”, señaló después ante los medios. Confirmó que el Ministerio Público apelaría la resolución, insistiendo en que los 12 días de incapacidad justificaban una medida más severa.
Al finalizar la audiencia, los pasillos del Palacio de Justicia se llenaron de murmullos. Unos hablaban de privilegios, otros de un fallo equilibrado. El hijo del mandatario abandonó el edificio por una salida lateral, evitando cámaras y preguntas. Afuera, el bullicio mediático continuaba, entre flashes y micrófonos alzados.