La justicia admitió la solicitud de la Defensoría del Pueblo y suspendió actividades en el pozo Domo Oso X-3 mientras se desarrollan inspecciones técnicas, audiencias públicas y se analiza documentación ambiental

El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos determinó admitir las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo y dispuso la suspensión provisional del proyecto de perforación exploratoria Domo Oso X-3, ubicado en el bloque San Telmo Norte, en el departamento de Tarija. La decisión fue confirmada por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien señaló que la medida se mantendrá vigente hasta contar con información suficiente para definir el futuro del proyecto.

El pozo se encuentra en la provincia O’Connor, en una zona vinculada a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, territorio considerado clave por su biodiversidad y por abastecer de agua a varias comunidades rurales. Ante las preocupaciones expresadas por pobladores y organizaciones ambientales, la autoridad judicial resolvió actuar de manera preventiva.

Entre las disposiciones asumidas, el juzgado fijó una audiencia de inspección técnica para el 9 de febrero de 2026. En esa instancia se verificará en el lugar el estado del proyecto, los trabajos realizados y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa ambiental vigente.

Asimismo, se programó una audiencia pública para el 13 de febrero de 2026. Este espacio permitirá que autoridades, representantes de la empresa, organizaciones sociales y habitantes de la región expongan sus posiciones y presenten documentación. El objetivo es evaluar de forma integral los aspectos técnicos, ambientales y administrativos antes de emitir una resolución definitiva.

Callisaya informó también que la autoridad judicial dispuso la incorporación de Petrobras como parte necesaria dentro del proceso, además de ordenar la notificación a todas las autoridades demandadas y a terceros interesados. Con ello se busca garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso para todos los involucrados.

De manera complementaria, el juzgado solicitó a la Defensoría del Pueblo un informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en temas ambientales. Esta información será considerada para una posible adopción de medidas de protección específicas, en caso de que se identifique algún tipo de riesgo.

“El compromiso institucional es velar por la protección preventiva de los derechos humanos, del medio ambiente y del respeto a la ley”, afirmó Callisaya tras conocerse la determinación judicial.