Representantes del Estado y actores políticos suscribieron un pacto de 12 puntos en defensa de las elecciones del 17 de agosto, en medio de amenazas de boicot por parte del evismo

En medio de tensiones políticas, bloqueos intermitentes y discursos de confrontación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tomó una decisión inusual pero estratégica: mudar temporalmente su centro de operaciones a Santa Cruz para garantizar la realización de una cumbre multipartidaria destinada a blindar el calendario electoral. La reunión concluyó con la firma de un documento de 12 compromisos que apuntan a garantizar las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

El encuentro, calificado por los organizadores como un «hito en defensa de la institucionalidad democrática», se desarrolló este jueves en instalaciones de Fexpocruz y reunió a las más altas autoridades del país junto con candidatos presidenciales, observadores internacionales y representantes de distintos niveles del Estado.

“Este esfuerzo conjunto demuestra que la democracia no se rinde ante la violencia”, afirmó el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, al cierre de la cumbre.

Santa Cruz, nuevo epicentro ante la amenaza

La decisión de trasladar el evento desde La Paz a Santa Cruz no fue casual. El TSE, que venía recibiendo presiones externas y amenazas directas tras la publicación de la lista oficial de candidaturas, encontró en la capital oriental un espacio seguro para evitar sabotajes.

Los recientes ataques a instalaciones del Órgano Electoral en la sede de gobierno y las convocatorias a movilizaciones desde sectores vinculados a Evo Morales generaron un ambiente de alta vulnerabilidad. La cumbre, originalmente programada para La Paz, fue reubicada en un intento de garantizar su desarrollo sin incidentes.

“No vamos a permitir que la violencia marque el curso del proceso electoral. Por eso, hemos buscado condiciones para deliberar sin miedo”, explicó la vocal Dina Chuquimia.

Unidad en la diversidad: voces que se sumaron

La reunión no solo logró reunir a representantes de todos los órganos del Estado, sino que también permitió escuchar voces políticas divergentes que, en otras circunstancias, difícilmente compartirían espacio.

Uno de los discursos más duros fue el de Eva Copa, alcaldesa de El Alto y candidata presidencial por el partido Morena. En su intervención, denunció que las amenazas al proceso electoral no provienen del pueblo, sino de “viejas élites autoritarias” que no aceptan las reglas del juego democrático. Aunque no mencionó nombres, el mensaje fue interpretado como una crítica directa a Evo Morales.

A su turno, Jorge Tuto Quiroga alertó sobre el impacto económico de los bloqueos que se han producido en diversas regiones del país. “Cada día sin libre tránsito se traduce en hambre para miles de bolivianos. El boicot electoral tiene consecuencias concretas para la población más vulnerable”, afirmó el exmandatario.

Por su parte, el empresario y político Samuel Doria Medina puso el foco en la importancia de la participación del Legislativo. “No basta con buenas intenciones. La Asamblea debe hacer su parte y aprobar las normas necesarias para garantizar el voto de los bolivianos en el exterior”, remarcó.

El pacto institucional: 12 compromisos clave

El resultado más tangible de la cumbre fue la firma de un documento de 12 puntos que fija obligaciones concretas para cada institución del Estado y los actores políticos.

Entre los compromisos destacan:

• Garantizar la realización de las elecciones el 17 de agosto sin postergaciones.
• Otorgar los recursos necesarios al TSE para la organización de los comicios.
• Aprobar una ley que habilite el voto en el extranjero.
• Respetar la independencia del Órgano Electoral y sus decisiones jurisdiccionales.
• Sancionar penalmente cualquier intento de sabotaje al proceso electoral.
• Apoyar auditorías técnicas al padrón y al sistema de resultados preliminares (TREP).

El vocal Gustavo Ávila, encargado de leer el documento final, señaló que se establecerá un mecanismo de monitoreo para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

“Esto no es una foto para la historia. Es una herramienta viva que nos obliga a todos a proteger el voto ciudadano”, enfatizó Ávila.

Compromiso desde el Ejecutivo y las fuerzas del orden

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca participaron de la reunión como muestra del respaldo institucional al proceso electoral. También lo hicieron los presidentes de ambas cámaras legislativas, el fiscal general Juan Lanchipa y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Del Castillo, además de reiterar su compromiso con la legalidad, informó que las fuerzas del orden ya neutralizaron varios focos de violencia y amenazas en el norte de Potosí y otras regiones. Aseguró que se actuará “con firmeza” frente a cualquier intento de desestabilización.

Observación internacional y respaldo exterior

Organismos internacionales como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y el Centro Carter participaron como observadores de la cumbre. Su presencia fue interpretada como una señal de vigilancia internacional ante las amenazas que enfrenta el proceso boliviano.

Un delegado de la UE señaló en declaraciones reservadas que los compromisos asumidos en Santa Cruz “contribuyen a reconstruir la confianza ciudadana en la transparencia electoral”.

El TSE también confirmó que estos organismos serán invitados oficialmente a observar las elecciones generales de agosto, lo que podría sumar una capa adicional de legitimidad al proceso.

Un proceso aún bajo presión

A pesar de la muestra de unidad institucional, el clima político sigue tenso. Grupos afines a Evo Morales no han cesado en sus amenazas de bloquear caminos o desconocer los resultados si el expresidente no es habilitado como candidato presidencial. El tema no fue abordado explícitamente en la cumbre, pero sobrevoló todas las intervenciones.

El TSE evitó referirse directamente al caso de Morales, aunque reiteró que cualquier impugnación será resuelta conforme al marco normativo y sin presiones de ningún tipo.

“Nuestra única lealtad es con la ley y con la voluntad popular. Nadie está por encima del sistema democrático”, declaró Hassenteufel.