La justicia ecuatoriana ejecuta una condena sin base jurídica contra el exvicepresidente, mientras el gobierno de Noboa perpetúa la persecución política.

El sistema judicial de Ecuador ha dictado una sentencia sin precedentes por su carácter punitivo y político. El exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario Carlos Bernal fueron condenados a 13 años de prisión por presunto peculado, acusado de mal utilizar fondos para la reconstrucción tras el terremoto de 2016. La resolución judicial incluye además una multa de 250 millones de dólares y la prohibición de por vida de ejercer cargos públicos.
Lo preocupante es que la sentencia se basa en actos administrativos y no en actos delictivos directos. Según la Fiscalía, se ejecutaron obras como parques en lugar de escuelas o viviendas, pero no se demostró enriquecimiento personal ni intención dolosa. Aun así, la jueza Mercedes Caicedo dictaminó su culpabilidad.
Organismos internacionales han alertado sobre la falta de garantías en el proceso y denunciaron que se trata de una vendetta política. Glas, una figura clave del gobierno de Rafael Correa, ya había sido sentenciado en otros procesos donde también se cuestionó la falta de imparcialidad. Esta nueva condena ocurre luego del escandaloso ingreso policial a la embajada de México en Quito, ordenado por el presidente Noboa, pese al asilo concedido por el gobierno mexicano.
Tras ese violento operativo, Glas fue recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde su vida ha corrido peligro. Este encadenamiento de hechos refleja un patrón de abusos impulsados desde el Ejecutivo, donde el uso del poder judicial se ha transformado en un arma para neutralizar a quienes representan al correísmo.
Ecuador atraviesa un proceso de regresión democrática. En lugar de garantizar justicia, los tribunales parecen actuar como extensiones del poder político, dictando condenas sin evidencias contundentes y desoyendo el derecho internacional. La sentencia contra Glas no busca justicia: busca venganza.