Tras los incidentes registrados en San Julián y Río Abajo, el vicepresidente Edmand Lara denunció la participación de civiles en acciones de desbloqueo y pidió vigilancia de organismos internacionales.
La controversia por los operativos de desbloqueo realizados en Santa Cruz y La Paz escaló este fin de semana luego de que el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, atribuyera al presidente Rodrigo Paz la responsabilidad política de haber alentado públicamente la participación de civiles en estas acciones.
A través de un pronunciamiento oficial, Lara manifestó su preocupación por los hechos ocurridos en San Julián y Río Abajo, donde se reportaron enfrentamientos, personas heridas, detenidos y daños materiales. Según sostuvo, la presencia de particulares en procedimientos de seguridad constituye una situación que no debería ser permitida por las instituciones encargadas de mantener el orden público.
“Las imágenes muestran la intervención de civiles en escenarios que debían estar bajo control exclusivo del Estado”, señaló la autoridad, quien además cuestionó que algunos de estos grupos hubieran actuado portando artefactos explosivos durante los operativos.
El vicepresidente afirmó que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas tienen la obligación constitucional de garantizar la seguridad de la población y evitar que terceros participen en tareas reservadas a los organismos de seguridad. En ese sentido, expresó que el país enfrenta un riesgo innecesario cuando ciudadanos son incorporados a situaciones de confrontación.
Lara fue más allá y señaló directamente al mandatario nacional. “El presidente Rodrigo Paz convocó públicamente a los desbloqueos con participación de civiles”, indicó en el comunicado. A su juicio, ninguna autoridad debería promover acciones que puedan derivar en enfrentamientos entre bolivianos.
Asimismo, pidió a la prensa nacional e internacional, además de la CIDH, la ONU y la OEA, realizar seguimiento a los acontecimientos registrados durante los desbloqueos y documentar las denuncias difundidas.
La autoridad concluyó exigiendo la suspensión inmediata de cualquier participación civil en operativos de seguridad y reclamó que las diferencias políticas y sociales sean atendidas mediante mecanismos de diálogo, evitando nuevos episodios de violencia en las carreteras y poblaciones afectadas por los conflictos.
