El Tribunal Constitucional asegura que las elecciones generales no serán interrumpidas, pese a 16 acciones judiciales, y reafirma su compromiso de garantizar un proceso democrático con certidumbre y transparencia.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cerró filas este viernes para garantizar que las elecciones generales del 17 de agosto se desarrollen sin alteraciones, pese a que 16 acciones judiciales buscan frenarlas.
El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, informó que la sala plena del máximo tribunal resolvió priorizar de manera absoluta todos los casos relacionados con el proceso electoral, a fin de evitar que cualquier recurso se convierta en un obstáculo.
“Todos los magistrados tienen la instrucción de actuar con celeridad y bajo el marco de la Constitución. Ninguna medida judicial debe poner en riesgo la continuidad del proceso electoral”, declaró Hurtado en La Paz.
La directriz se extiende también a los tribunales de garantías, que deberán resolver cualquier solicitud o amparo con respeto estricto a la Carta Magna y sin generar suspensiones innecesarias.
Hurtado insistió en que la ciudadanía no debe dejarse llevar por rumores o incertidumbres. “El 17 de agosto será una fiesta democrática. Lo importante es que la población analice las propuestas y vote pensando en Bolivia”, expresó.
El titular del TCP recordó que su mandato se mantendrá vigente hasta que el nuevo presidente, vicepresidente y el próximo Legislativo sean oficialmente posesionados.
En coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la institución sigue el avance del calendario y de cada etapa establecida, con el propósito de garantizar que los comicios se realicen en un marco de seguridad jurídica.
Como parte de este trabajo, Hurtado sostuvo una reunión con la misión de observación de la Unión Europea (UE), en la que se intercambió información sobre las funciones del TCP en defensa del derecho al sufragio.
Según explicó, el diálogo con la delegación europea permitió mostrar el compromiso institucional con la transparencia y la estabilidad democrática. “Nuestra labor es asegurar que el proceso sea legítimo y que refleje la voluntad del pueblo”, afirmó.
Sobre las 16 demandas presentadas, Hurtado evitó dar detalles sobre los promotores de las acciones o el estado procesal de cada una, pero dejó claro que serán tratadas con prioridad y que ninguna paralizará las elecciones sin un sustento constitucional sólido.