Columnas de trabajadores y organizaciones avanzan desde El Alto a la sede de gobierno, demandan eliminar el decreto cuestionado por entrega de recursos, mientras autoridades habilitan diálogo sin suspender movilización.

Una movilización de gran magnitud ingresó este lunes a la ciudad de La Paz con una consigna central: la abrogación del Decreto Supremo 5503. La marcha, identificada como “Bolivia no se vende”, concentró a miles de personas provenientes de distintos sectores sociales y sindicales que descendieron desde El Alto tras varios días de recorrido y concentraciones previas.

El desplazamiento comenzó en la zona de Senkata, donde los manifestantes permanecieron la noche anterior luego de llegar el domingo desde puntos intermedios del altiplano. La Defensoría del Pueblo informó que la movilización se inició el sábado en Calamarca y que, durante el trayecto, se incorporaron delegaciones de comunidades rurales, sindicatos urbanos y organizaciones vecinales, lo que incrementó de manera sostenida el número de participantes.

La demanda expresada por los marchistas se centra en el rechazo al DS 5503, norma que —según los dirigentes— habilita condiciones favorables para inversiones privadas extranjeras en sectores estratégicos sin la debida intervención de la Asamblea Legislativa. La Central Obrera Boliviana, entidad convocante, sostuvo públicamente que el decreto compromete el control estatal sobre recursos considerados fundamentales para el país.

Durante el paso de la movilización por El Alto, vecinos y organizaciones barriales instalaron puntos de apoyo con alimentación y espacios de descanso. Estas acciones permitieron sostener la continuidad de la marcha y fueron destacadas por los propios participantes como una muestra de respaldo ciudadano a la exigencia planteada.

Voceros de la protesta reiteraron que el reclamo no admite modificaciones ni pedidos alternativos. Indicaron que las medidas de presión, que incluyen marchas y huelgas de hambre en distintos puntos, se mantendrán mientras el decreto no sea retirado. Las declaraciones fueron realizadas en espacios públicos y ante medios de comunicación, sin que se registraran incidentes relevantes durante el recorrido.

En paralelo al arribo de la movilización a la sede de gobierno, delegaciones de las organizaciones participantes tienen previsto asistir a una reunión con autoridades del Órgano Ejecutivo en la Casa Grande del Pueblo. Desde el Viceministerio de Coordinación de la Gestión Pública se informó que se habilitaron auditorios y salones para recibir a más de 200 representantes y escuchar sus planteamientos sobre la norma cuestionada.