La columna que partió desde Pando ya llegó a Caranavi, suma respaldo social, nuevos contingentes indígenas y anuncia bloqueos, mientras crece la presión nacional por la anulación de la Ley 1720.
La marcha indígena y campesina que salió desde el norte del país continúa avanzando hacia La Paz y ya alcanzó el municipio de Caranavi, donde fue recibida por organizaciones sociales y población local que se sumaron al reclamo. Lejos de detenerse, la movilización crece en número y en respaldo, consolidando un escenario de presión sostenida sobre el Gobierno por la Ley 1720.
El arribo se produjo en horas de la madrugada de este domingo, tras más de dos semanas de caminata desde Pando. Los marchistas ingresaron con visibles signos de agotamiento, pero también con una mayor presencia de sectores que se han ido incorporando en el trayecto. En Caranavi, vecinos y dirigentes salieron a recibirlos con alimentos, abrigo y respaldo público.
“Estamos con la frente en alto, este calor humano nos da más fuerza para seguir”, expresaron los movilizados, mientras se reorganizaban para continuar el recorrido hacia la sede de gobierno. La consigna se mantiene sin cambios: exigir la anulación total de la Ley 1720, norma que consideran lesiva para los derechos sobre la tierra.
Durante la concentración, uno de los dirigentes lanzó una advertencia directa: “Señor presidente, si usted se siente incapaz de solucionar los problemas, váyase del país”. La declaración fue respaldada por los asistentes, reflejando el nivel de tensión que acompaña la movilización.
Los cuestionamientos a la ley apuntan a su contenido y a su origen. Los marchistas sostienen que no fue socializada con las comunidades y que abre la puerta a la afectación de territorios indígenas y propiedades campesinas. “Esta ley fue hecha para favorecer a una rosca de empresarios”, denunciaron, reiterando que no aceptarán modificaciones parciales.
La marcha no solo avanza: se amplía. Desde el departamento del Beni se organiza una nueva columna de aproximadamente 300 indígenas que se sumará a la movilización principal. Participan representantes de territorios como el TIMI, el TIM, el TIPNIS y comunidades de Bella Selva, además de delegados de pueblos Mojeño Ignaciano, Mojeño Trinitario, Yuracaré, Tsimane y Movima.
Antes de partir, los nuevos contingentes participaron en un oficio religioso en San Ignacio de Mojos. Tras la ceremonia, confirmaron su decisión de incorporarse a la caminata. “Estamos listos para ir a la marcha”, afirmó el dirigente Armando Sabi, quien además solicitó garantías para los participantes.
Desde la dirigencia de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni también se ratificó la movilización. “Vamos a marchar porque el Gobierno mantiene actitudes que van en contra de los territorios y de los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo Víctor Yva, al explicar que la Ley 1720 genera incertidumbre sobre la propiedad de la tierra en comunidades con procesos de saneamiento.
El desgaste físico de los marchistas es evidente. Tras 16 días de caminata, muchos presentan ampollas, fatiga y problemas de salud. “Hemos dejado a nuestras familias, hay compañeros que ya no pueden caminar”, relató uno de los participantes, mientras descansaba en Caranavi antes de retomar la ruta.
En paralelo al avance de la marcha, en el municipio yungueño se anunciaron medidas de presión. Organizaciones sociales y sectores del transporte confirmaron que desde las cero horas del lunes se iniciará un bloqueo de caminos en respaldo a la movilización y a otras demandas regionales.
“El pueblo está sufriendo, vamos a cerrar las carreteras”, señaló un dirigente local. La decisión amplía el alcance del conflicto y refuerza el impacto de la marcha en el norte paceño.
ACUERDO DEL GOBIERNO CON DIRIGENTES AJENOS GENERA RECHAZO TOTAL
Mientras la marcha gana volumen, el Gobierno activó un acuerdo con dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) que no participan en la caminata.
El documento, firmado la pasada semana, plantea la incorporación de un nuevo artículo a la Ley 1720 mediante un proyecto que será enviado a la Asamblea Legislativa. Según el Ejecutivo, la medida busca atender las observaciones sin eliminar la norma.
En la firma participaron el presidente Rodrigo Paz, el ministro Oscar Mario Justiniano y el dirigente Lino Illimuri. Las autoridades destacaron que el acuerdo es resultado de reuniones previas y que apunta a equilibrar los intereses de los sectores involucrados.
Sin embargo, la marcha desconoce ese entendimiento. Los dirigentes que avanzan hacia La Paz sostienen que no fueron consultados y que quienes firmaron el documento no representan a las bases movilizadas.
“No vamos a claudicar, vamos a seguir en la lucha”, reiteraron durante su paso por Caranavi, insistiendo en que la única salida es la abrogación total de la ley.
El recorrido continuará en las próximas horas. Desde Caranavi, la columna deberá cubrir más de 160 kilómetros hasta llegar a la ciudad de La Paz. Los organizadores estiman que el arribo podría producirse en los próximos días, con el objetivo de coincidir con nuevas concentraciones sociales.
La movilización avanza con más participantes, mayor respaldo territorial y un conflicto que sigue escalando sin señales de acuerdo inmediato.
