El Gobierno boliviano mantiene activa la solicitud de extradición mientras crece la incertidumbre sobre el paradero del exministro acusado por corrupción.
El exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien fue procesado y condenado en Estados Unidos por delitos de corrupción, ya no se encuentra bajo custodia federal. Esta información fue confirmada por la Oficina Federal de Prisiones de ese país, que actualizó su registro indicando que Murillo ha salido del sistema penitenciario.
El dato cita fuentes que aseguran que el exministro ahora estaría portando un dispositivo de control electrónico. Aunque no hay confirmación oficial sobre su ubicación actual, se especula que podría haber sido derivado a un centro de detención para migrantes en espera de resoluciones administrativas o judiciales.
Murillo fue condenado en enero de 2023 a 70 meses de prisión por su participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero relacionado con la compra con sobreprecio de equipos antidisturbios. Este caso, conocido como «caso gases lacrimógenos», comprometió a funcionarios de alto nivel del gobierno de transición de Jeanine Áñez.
La noticia de su liberación ha reactivado la presión del Gobierno boliviano para concretar su extradición. Desde la Procuraduría General del Estado se han realizado varias gestiones para que Murillo sea enviado de vuelta al país y enfrente los cargos pendientes ante la justicia boliviana.
«Se están siguiendo los conductos establecidos en el derecho internacional para lograr su entrega. Hay documentos, resoluciones y comunicaciones oficiales que respaldan el pedido», indicó un vocero del Ministerio de Justicia.
Además, se reiteró que la solicitud fue presentada formalmente a las autoridades estadounidenses, las cuales deben evaluar la documentación conforme a sus normas migratorias y judiciales.
El activista de derechos humanos Thomas Becker, quien tuvo un rol activo en las denuncias por las muertes en Senkata y Sacaba, confirmó vía redes sociales que Murillo fue liberado el 20 de junio. Sin embargo, aseguró que su ubicación es incierta y que la falta de transparencia sobre el caso genera alarma.
La posibilidad de que Murillo sea entregado a las autoridades bolivianas depende de una serie de variables legales, incluyendo su estatus migratorio y eventuales apelaciones judiciales.
No obstante, el Gobierno boliviano asegura que seguirá insistiendo en su retorno, dada la gravedad de los hechos por los que está siendo investigado.
Arturo Murillo se convirtió en una figura clave del gobierno transitorio de Áñez. Durante su gestión, fue acusado de tomar decisiones represivas, como la intervención violenta a protestas sociales y la persecución de dirigentes del MAS-IPSP. A esto se suman las denuncias de corrupción que salieron a la luz tras su salida del país.
Su captura en Estados Unidos y posterior condena se interpretó como un avance en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, su liberación anticipada reabre heridas y refuerza el pedido de sectores sociales y políticos de que sea juzgado también en territorio boliviano.
