NOVENTA DÍAS DE PAZ: GASOLINA DEFICIENTE, MENSAJES CRUZADOS Y CIUDADANOS PAGANDO DAÑOS

La eliminación de la subvención derivó en fallas operativas, cambios de versión oficiales y perjuicios directos a conductores, con talleres saturados y reclamos documentados en varias regiones del país.

El reloj marcó noventa días de gestión de Rodrigo Paz y el problema de la gasolina quedó instalado en la vida diaria de miles de bolivianos. La política de liberar precios de los hidrocarburos fue presentada como una medida de orden fiscal y ahorro para el Estado, respaldada por datos oficiales del Ministerio de Economía. En la práctica, el impacto inmediato se trasladó a los surtidores, a los motores y al bolsillo de quienes dependen del vehículo para trabajar o movilizarse.
Los primeros reportes surgieron desde estaciones de servicio y talleres mecánicos. Conductores denunciaron fallas tras cargar gasolina: pérdida de potencia, apagados repentinos y daños en sistemas de inyección. En ciudades como Trinidad, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, los talleres registraron un aumento inusual de vehículos remolcados. Propietarios de mecánicas consultados coincidieron en que la mayoría de los casos se vinculó a combustible contaminado o con especificaciones irregulares, apreciación basada en diagnósticos técnicos y piezas dañadas.
Las autoridades del sector no ofrecieron una versión uniforme. YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Hidrocarburos negaron inicialmente problemas de calidad y descartaron fallas en la mezcla con etanol. Estas posiciones quedaron registradas en comunicados y conferencias difundidas por las propias instituciones. La línea oficial cambió cuando el ministro de la Presidencia, Lupo, admitió públicamente que la gasolina entregada al consumidor presentaba deficiencias. A partir de esa declaración, se reordenaron los discursos internos y se aceptó la existencia del problema.
Las explicaciones posteriores apuntaron a fallas en tanques de almacenamiento, residuos acumulados, errores en procesos de mezcla y remanentes de la gestión anterior. Ninguna de esas versiones fue acompañada por la publicación íntegra de informes técnicos, certificados de calidad o contratos de importación que permitan verificar precios, proveedores y controles aplicados. La ausencia de documentación pública alimentó la desconfianza.
El Presidente optó por denunciar un presunto sabotaje dentro de YPFB. La acusación llegó cuando los reclamos ya se encontraban extendidos y respaldados por testimonios de usuarios, talleres y estaciones de servicio. Para los afectados, el origen del problema perdió relevancia frente a las consecuencias concretas. Reparaciones que superan varios miles de bolivianos, días sin trabajar y vehículos inmovilizados se repitieron en distintos puntos del país.