El Gobierno activó acciones simultáneas contra redes criminales, posesionó a un nuevo fiscal departamental en Beni tras amenazas y difundió la versión de Yasser “Coco” Vásquez, quien niega delitos y persecución judicial.
El Estado boliviano intensificó en los últimos días su ofensiva contra el crimen organizado y el narcotráfico con megaoperativos en tres departamentos: Beni, Santa Cruz y Cochabamba. La estrategia apunta a neutralizar a Yasser Andrés “Coco” Vásquez Cardona, señalado por las autoridades como cabecilla de una estructura vinculada al tráfico de drogas y al sicariato.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, confirmó que los operativos forman parte de un plan nacional de seguridad diseñado para golpear a organizaciones transnacionales que operan desde y hacia Bolivia. La acción más reciente tuvo lugar en Santa Ana del Yacuma, Beni, donde efectivos policiales fueron atacados con armas de fuego.
“Este tipo de respuestas violentas muestra que nuestras operaciones afectan directamente los intereses de redes criminales. No son delincuentes comunes, sino estructuras con respaldo internacional”, señaló Aguilera.
Según los informes oficiales, Vásquez estaría vinculado a por lo menos 13 asesinatos, además de haber ordenado amenazas contra el entonces fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas. La presión sobre su red aumentó en los últimos meses con la incautación de más de cuatro toneladas de droga y 15 aeronaves en el departamento de Beni.
Un relevo forzado en la Fiscalía
El clima de tensión desembocó en un cambio institucional de alto impacto. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, posesionó a Alexander Mendoza como nuevo fiscal departamental de Beni en reemplazo de Gerardo Balderas, quien había recibido amenazas directas atribuidas al entorno de “Coco”.
Mariaca destacó la trayectoria de Balderas desde mayo de 2023 y pidió a Mendoza reforzar la confianza de la población en la Fiscalía. “Necesitamos un Ministerio Público de puertas abiertas, sensible y comprometido con la ética. La ciudadanía debe sentir que la justicia le pertenece”, afirmó.
El nuevo fiscal asumió el cargo con un discurso de compromiso: “Acepto este desafío con humildad y responsabilidad. Continuaremos con las investigaciones sin dar un paso atrás frente al crimen organizado”.
La decisión se acompañó de medidas de protección para Balderas y su familia, además de una intensificación de los dispositivos de seguridad en torno a fiscales y jueces que trabajan en procesos vinculados al narcotráfico.
Operativos con resistencia armada
La emboscada en Santa Ana del Yacuma reflejó la peligrosidad de los operativos. El sargento primero Jhonny González Montaño, de 37 años, resultó herido y fue trasladado de urgencia a Trinidad, donde su estado se mantiene estable.
Las fuerzas del orden allanaron al menos 12 viviendas y confiscaron vehículos presuntamente utilizados en hechos de sicariato, además de armas, equipos de comunicación y logística de uso militar. Sin embargo, el paradero de Vásquez sigue siendo un misterio.
“Hay evidencias de que podría estar fuera del país. De todas formas, las operaciones continuarán hasta desarticular por completo la estructura que lo protege”, afirmó Aguilera.
La aparición mediática de “Coco”
En paralelo a la presión policial, Yasser Vásquez difundió un video desde la clandestinidad en el que niega todas las acusaciones en su contra. En la grabación, emitida por medios locales, rechazó haber ordenado amenazas contra el fiscal Balderas y aseguró ser víctima de un montaje.
“Nunca mandaría a asesinar a un fiscal. Me impresiona todo lo que inventan. Están haciendo un show con mi nombre”, declaró.
Vásquez insistió en que no se entregará porque no confía en la justicia boliviana ni en la protección que pudiera recibir. “¿Cómo confiar en la Policía o en la Fiscalía cuando lo único que hacen es culparme sin pruebas?”, se preguntó.
El acusado relató que las acusaciones comenzaron hace dos años, tras un operativo en la vivienda de su madre. Desde entonces, aseguró, se le atribuyen delitos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y homicidios, aunque —según él— nunca se presentaron pruebas sólidas.
“Dicen que soy responsable de 13 sicariatos, pero lo único que muestran son indicios. Si tienen pruebas, que las saquen a la luz”, expresó en el video.
Vásquez también afirmó temer por su vida si es enviado a prisión. “Me han dicho que si llego a la cárcel no saldré vivo. No tengo garantías de nada”, concluyó.
Escenario abierto y de incertidumbre
Los recientes acontecimientos dejan un panorama complejo en Beni y otras regiones donde se libran los operativos. Por un lado, el Gobierno asegura que continuará con firmeza la lucha contra el crimen organizado. Por otro, el acusado intenta instalar en la opinión pública una narrativa de persecución y montaje judicial.
Las comunidades afectadas por la violencia esperan que la acción de las autoridades logre reducir la inseguridad que se vive en zonas estratégicas del país. Sin embargo, la captura de “Coco” sigue siendo una incógnita que definirá el rumbo de la estrategia antidroga en Bolivia.
