La Alta Comisionada de Derechos Humanos exigió que Washington detenga los bombardeos a embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, considerados actos contrarios a la ley internacional y a la dignidad humana.

Naciones Unidas elevó este viernes una seria denuncia contra el Gobierno de Estados Unidos por las operaciones militares que su armada y fuerzas aéreas ejecutan desde inicios de septiembre en aguas del Caribe y el Pacífico, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, esas acciones, que ya dejaron más de sesenta muertos, carecen de base legal y violan los principios elementales del derecho internacional.

En un comunicado oficial, Türk calificó los ataques de “inaceptables” y “carentes de justificación jurídica”, instando a Washington a detenerlos de inmediato. “El uso de la fuerza letal solo es legítimo cuando existe una amenaza inmediata y comprobada para la vida. Nada sugiere que los ocupantes de esas embarcaciones representaran un peligro real”, expresó el diplomático desde Ginebra.

El pronunciamiento del organismo internacional llega tras semanas de preocupación por la creciente militarización estadounidense en la región. Los bombardeos, efectuados con drones y aeronaves de combate, habrían destruido varias lanchas rápidas que se desplazaban entre el Caribe y las costas del Pacífico, sin que las autoridades norteamericanas hayan ofrecido detalles sobre las identidades de las víctimas ni sobre la supuesta carga ilícita transportada.

El Alto Comisionado pidió que se investiguen los hechos “de manera independiente, rápida y transparente”, incluyendo la posibilidad de procesar a los responsables de haber autorizado los ataques. “Las ejecuciones extrajudiciales, sean bajo la bandera del antinarcotráfico o de la seguridad nacional, constituyen violaciones graves de los derechos humanos”, enfatizó.

Desde América Latina, las reacciones no se hicieron esperar. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro volvió a denunciar que su país enfrenta una “guerra multiforme” impulsada desde Estados Unidos, destinada a debilitar la soberanía nacional e imponer un gobierno subordinado a intereses extranjeros. “Nos atacan desde todos los frentes: militar, económico, mediático y psicológico. Quieren robarnos el petróleo, el gas y el oro de nuestro pueblo”, declaró durante un acto en el Palacio de Miraflores.

El mandatario también acusó a Washington de montar una campaña internacional para justificar intervenciones armadas bajo el argumento del combate al narcotráfico. “Inventan pretextos para legitimar agresiones. Pero el 94 % del pueblo venezolano rechaza las amenazas militares y la injerencia extranjera”, afirmó.

En respuesta a la creciente tensión, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició maniobras en las zonas costeras del país junto con la Milicia Nacional y los cuerpos policiales. El general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional, explicó que los ejercicios buscan “mantener aceitada la maquinaria defensiva” ante cualquier intento de incursión. “Venezuela no provocará, pero tampoco permitirá que se viole su soberanía”, sostuvo.

Mientras tanto, Estados Unidos insiste en que sus operaciones están dirigidas contra redes criminales internacionales. Sin embargo, diversos gobiernos de la región han cuestionado la falta de transparencia y la decisión de emplear fuerza letal en aguas internacionales. Autoridades colombianas y caribeñas señalaron que muchas de las embarcaciones atacadas no fueron verificadas previamente y podrían haber pertenecido a pescadores locales o migrantes en tránsito.

El debate se intensificó tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien reconoció haber otorgado a la CIA autorización para realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano. “¿Qué más pruebas se necesitan para entender que nos enfrentamos a una agresión planificada?”, respondió Maduro, recordando que la inteligencia norteamericana ha intervenido en los asuntos internos de América Latina durante más de medio siglo.

Organizaciones de derechos humanos se sumaron al reclamo de la ONU. Human Rights Watch instó a Estados Unidos a rendir cuentas por las muertes ocasionadas, y Amnistía Internacional calificó los ataques como “una muestra más del uso abusivo de la fuerza por parte de la mayor potencia militar del planeta”.

Desde Ginebra, Volker Türk reiteró que ningún Estado puede utilizar el argumento del combate al narcotráfico para ejecutar ataques sin control judicial. “Las normas internacionales existen para proteger la vida, no para justificar la muerte”, señaló con firmeza.

En el ámbito diplomático, varios países miembros del Consejo de Derechos Humanos solicitaron que se analice la posibilidad de abrir un proceso formal contra Estados Unidos por violaciones graves al derecho internacional. De confirmarse las denuncias, el país podría ser objeto de sanciones o de una resolución condenatoria.