Un tribunal de El Alto dispuso la excarcelación de Jeanine Áñez por el caso Senkata, pero la exmandataria seguirá encarcelada al existir una sentencia firme de diez años.
———–
La expresidenta Jeanine Áñez, recluida en el penal de Miraflores desde marzo de 2021, recibió una noticia que generó repercusión nacional: el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto emitió una orden de libertad en el marco del proceso por los sucesos de Senkata. Sin embargo, la disposición no tendrá efecto práctico, porque sobre ella pesa una condena ejecutoriada de diez años de prisión por el caso “Golpe II”.
El documento, fechado el 25 de agosto y firmado por los jueces David Kasa Quispe, Wendy Rojas Chuquimia y Pedro Canaza Kuno, instruye a la directora del penal de Miraflores “ejecutar y hacer cumplir” la libertad de la exmandataria. El fundamento legal radica en la Resolución N.º 211/2025, que declaró fundada la excepción de incompetencia en razón de materia, señalando que Áñez debe ser procesada en un juicio de responsabilidades y no mediante la vía ordinaria.
En otras palabras, el tribunal reconoció que los hechos vinculados a Senkata deben ventilarse en una instancia especial por tratarse de una expresidenta. Con ello, la causa quedó suspendida en el ámbito penal común.
No obstante, la misma resolución aclara que la orden de libertad se limita exclusivamente a este proceso, sin impacto alguno sobre otros juicios o condenas. En consecuencia, la exmandataria seguirá tras las rejas mientras no se logre anular o revertir la sentencia dictada en 2022 por el denominado caso “Golpe II”.
Esa condena, de diez años de cárcel, fue ratificada en 2023 y actualmente está en etapa de revisión en el Tribunal Supremo de Justicia, a pedido de la defensa de Áñez. Su abogado, Luis Guillén, aseguró que existe una vulneración de derechos, porque “un juez ordinario nunca tuvo competencia para juzgar a una expresidenta”. Según él, se trata de “una persecución sistemática” que se refleja en los nueve procesos abiertos en su contra.
Desde el otro lado, los familiares de las víctimas de Senkata interpretan la orden de libertad como un trámite judicial sin trascendencia práctica. “No se efectiviza su liberación. Ella tiene una sentencia por el caso Golpe II, que es de diez años. Mientras esa condena no sea anulada, Áñez seguirá en la cárcel”, declaró el activista de derechos humanos David Inca, representante de los afectados en 2019.
La tensión entre las interpretaciones jurídicas y las demandas de justicia revive el debate sobre el papel de Áñez en los hechos de 2019. En el caso Senkata, organizaciones sociales sostienen que la exmandataria debe rendir cuentas por las muertes y violaciones a los derechos humanos ocurridas tras la intervención militar en El Alto, en noviembre de ese año.