La Defensoría municipal confirmó que encontró menores ofreciendo gasolina en botellas de dos litros y advierte sobre los riesgos de una actividad que involucra a sus familias.

En distintas calles de Trinidad, una botella de dos litros puede convertirse en un puesto de venta improvisado. El problema adquiere otra dimensión cuando quien sostiene el recipiente es un menor de edad. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia confirmó que detectó niños y adolescentes participando en la comercialización callejera de gasolina, una actividad que las autoridades consideran peligrosa y que, pese a los controles, continúa apareciendo en diferentes sectores de la capital beniana.
Los funcionarios municipales comenzaron a verificar estos casos después de recibir reportes sobre menores que ofrecían pequeñas cantidades de combustible. Las intervenciones permitieron retirar parte del producto, pero también dejaron al descubierto una dificultad: los niños no siempre permanecen en un punto fijo. Pueden desplazarse con una botella, regresar a una vivienda para recoger más gasolina y volver a las calles.
BOTELLAS PEQUEÑAS, UN PROBLEMA QUE CRECE
Rosalia Gonzales Ayala, jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, confirmó que su personal encontró menores involucrados en esta actividad.
“Como defensoría estamos saliendo a hacer verificación de estos hechos. Por ejemplo, hemos encontrado por la calle 27 de Mayo menores vendiendo gasolina en botellas de dos litros”, señaló.
La funcionaria explicó que la situación no se limita al centro de la ciudad. Según su reporte, algunos menores son enviados hacia barrios periféricos para vender el combustible, mientras los adultos permanecen al margen de la operación.
“Los padres dejan a los menores para vender combustibles en los barrios periféricos, en algunos casos hemos llegado hasta el domicilio de los padres para llamarles la atención porque es peligroso”, relató.
La escena resulta difícil de encajar como una simple actividad comercial informal. El menor queda expuesto al contacto directo con un líquido inflamable, transportándolo y entregándolo a compradores en espacios donde no existen condiciones diseñadas para almacenar o manipular carburantes.
El problema tampoco termina cuando la Defensoría retira una botella. Gonzales explicó que algunos niños llegan con cantidades pequeñas, incluso con recipientes vacíos, y luego se trasladan hasta las viviendas o lugares donde se encuentra almacenado el producto para continuar con la venta.
Ese mecanismo dificulta que una intervención aislada termine con la actividad.
UNA VENTA QUE SE TRASLADÓ A LOS BARRIOS
La comercialización irregular de gasolina se expandió en medio de las dificultades de abastecimiento de carburantes que afectaron a Beni. Las restricciones para adquirir combustible y la diferencia entre la disponibilidad oficial y la demanda generaron espacios para la reventa.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos estableció controles para las compras de gasolina en bidones y otros recipientes. El registro mediante SISCARGUÍO busca identificar a quienes adquieren combustible fuera del tanque del vehículo y facilitar el seguimiento de estas operaciones.
La normativa también establece restricciones para la venta de carburantes y contempla controles sobre las personas que adquieren el producto. La participación de menores, sin embargo, introduce un problema adicional que ya no corresponde solamente al ámbito de los hidrocarburos.
Gonzales sostiene que en Trinidad la reventa terminó siendo asumida por algunas familias como una fuente de ingresos.
“Lamentablemente en Trinidad se ha normalizado la venta de combustible por menores de edad, aduciendo que no hay fuentes de trabajo y esta actividad se ha convertido normal para muchos”, afirmó.
La explicación económica no elimina el riesgo. Tampoco determina por sí sola quién debe responder. Si un menor está en la calle vendiendo gasolina, las autoridades deben establecer quién consiguió el carburante, quién organizó la venta y quién recibe el dinero.
LA LEY 548 PONE LÍMITES AL TRABAJO ADOLESCENTE
Alberto Condori Castro, delegado defensorial departamental del Beni, recordó que las instituciones municipales tienen obligaciones específicas cuando se encuentran menores realizando actividades laborales.
“En la temática de niño, niña y adolescencia rige la Ley 548, Código Niño, Niña y Adolescente, que establece que las defensorías tienen la facultad de trabajar a favor de esta población vulnerable”, manifestó.
La Ley 548 establece los 14 años como edad mínima para trabajar, pero esa disposición no significa que cualquier actividad sea permitida para un adolescente. La legislación contempla condiciones destinadas a evitar trabajos peligrosos, insalubres o que afecten la educación, la dignidad y el desarrollo integral.
La norma también reconoce la responsabilidad de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia para intervenir cuando existen vulneraciones de derechos.
“No tendría que haber niños trabajando y, si hubiera el caso de existir, es deber de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de los municipios atender, registrar y velar para que no exista explotación, trata y tráfico de personas”, indicó Condori.
En los casos de venta de gasolina, por tanto, no basta con verificar la edad del menor. También deben revisarse las condiciones concretas de la actividad: el horario, el lugar, la cantidad de combustible, la forma de transporte, quién proporciona el producto y si existe presión o participación directa de los adultos.
ADVERTENCIAS QUE TODAVÍA NO FRENAN LA PRÁCTICA
La Defensoría municipal ya llegó hasta algunos domicilios para advertir a los padres sobre los riesgos. También realizó decomisos cuando encontró combustible en manos de menores. Pero la propia institución reconoce que esas acciones tienen un alcance limitado cuando el abastecimiento y la organización de la venta permanecen fuera del lugar donde se encuentra al niño.
“El combustible que está llegando ahora es muy fuerte y puede hacer daño y no nos olvidemos que son líquidos inflamables”, manifestó Gonzales.
La advertencia apunta a un riesgo concreto. Una botella de dos litros puede ser trasladada con facilidad, pero sigue conteniendo un producto inflamable. El peligro aumenta cuando se almacena en viviendas, se transporta en recipientes no destinados para ese fin o se comercializa cerca de personas, vehículos y fuentes de calor.
Gonzales anticipó que la Defensoría continuará con las verificaciones y planteó la posibilidad de actuar contra los padres que permitan que sus hijos participen en estas actividades.
“Tenemos que tomar acciones, empezando a sancionar a los padres infractores por atentar contra la seguridad del menor de edad, según las leyes que protegen a los menores de edad”, sostuvo.
Condori pidió que la intervención no quede circunscrita a un solo municipio.
“Como delegado defensorial del departamento hacemos un llamado a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de los municipios de todo el departamento para que revisen la normativa y la cumplan”, manifestó.
Mientras continúan los controles sobre la venta irregular de carburantes, en las calles de Trinidad permanece la otra cara del problema: menores que aparecen con pequeñas botellas de gasolina, adultos que los envían hacia barrios periféricos y una institución de protección que identifica los casos, decomisa el producto y llega hasta las familias, pero todavía enfrenta dificultades para impedir que los niños regresen a venderlo.