El desplazamiento forzado de periodistas y la salida de la APES del país reflejan un escenario de crecientes restricciones para la prensa independiente durante la administración de Nayib Bukele.

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Con datos y textos de los periodistas Salomón Manzanares y Bryan Avelar

El ejercicio periodístico en El Salvador vive uno de los momentos más críticos en las últimas décadas. La entrada del presidente Nayib Bukele a su segundo mandato, el 1 de junio de 2024, marcó un punto de inflexión para la libertad de prensa en el país. Aunque el Gobierno mantiene como eje central de su discurso el combate frontal a la delincuencia y la consolidación de un clima de seguridad ciudadana, múltiples reportes periodísticos y testimonios de comunicadores señalan que esta estabilidad se ha acompañado de un proceso sistemático de hostigamiento, censura y persecución contra medios independientes.

En el transcurso de 2024, el desplazamiento forzado de periodistas se volvió un fenómeno sostenido. De acuerdo con datos recopilados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), al menos 43 comunicadores salieron del país entre enero y septiembre de ese año, y 31 de ellos se exiliaron solo en los meses de mayo y junio, lo que equivale a un periodista obligado a huir por día. La cifra, registrada en el informe La curva del silencio, fue documentada y analizada por el periodista Bryan Avelar, quien ha investigado este fenómeno y sus implicaciones para la salud democrática de la nación.

De manera paralela, el periodista Salomón Manzanares reportó testimonios de comunicadores que enfrentan presiones constantes por sus trabajos de investigación. Entre ellos se encuentra Víctor Peña, periodista de El Faro, quien fue obligado a abandonar el país debido al clima de hostilidad creciente. Desde el exilio, Peña afirma que quienes permanecen en El Salvador se ven obligados a ejercer la autocensura para evitar represalias. “El régimen ha sido más feroz con sus ataques, persecución y señalamientos hacia periodistas que denuncian anomalías del gobierno y sus funcionarios”, explicó.

Narrativa oficial y consolidación del poder

El Gobierno ha sostenido que el país atraviesa una transformación profunda en materia de seguridad, particularmente bajo el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 y prorrogado en más de 40 ocasiones. Esta política ha sido presentada como una respuesta decisiva frente al crimen organizado, con resultados visibles en la disminución de delitos violentos.

Sin embargo, diferentes organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han advertido que la medida ha sido utilizada también para justificar detenciones arbitrarias y la limitación de libertades civiles, entre ellas, la libertad de expresión. La concentración del poder en el Ejecutivo, sumada al respaldo casi absoluto en la Asamblea Legislativa, ha generado un entorno en el que los controles institucionales se han debilitado considerablemente.

Para Peña, citado en el trabajo de Manzanares, la reelección de Bukele representa la consolidación de un modelo político donde las decisiones se concentran en una sola figura. “Desde el 1 de junio de 2024, todas las decisiones del país dependen de él”, afirmó. Bajo este esquema, el periodismo crítico que busca contrastar versiones oficiales o exponer irregularidades se convierte en un blanco de presión.

Exilio como mecanismo de protección

El exilio no surge únicamente como respuesta a amenazas explícitas, sino como resultado de un entorno adverso en el que se acumulan factores de riesgo: vigilancia digital, seguimiento físico, campañas de desprestigio en redes sociales, trabas administrativas para ejercer la profesión, retiro de publicidad estatal y presiones fiscales. Estos elementos, tomados en conjunto, hacen que la permanencia en el país resulte insostenible.

Los periodistas que han salido reportan patrones comunes: antes de tomar la decisión, muchos recibieron alertas sobre listados en los que se sindicaban nombres de comunicadores que serían objeto de detenciones. En otros casos, la presión se dirigió a familiares o entornos cercanos, aumentando el impacto emocional y la urgencia de salir del país.

El informe de Avelar sobre La curva del silencio señala que el perfil predominante entre los exiliados corresponde a profesionales con entre diez y quince años de experiencia, lo que implica una pérdida significativa de memoria institucional y de capacidades críticas dentro del ecosistema mediático salvadoreño.

Un gremio que también se exilia

El punto más crítico del escenario se produjo cuando la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció que trasladaría su personería jurídica fuera del país, tras décadas de trabajo ininterrumpido desde su fundación en 1936. La decisión se dio después de la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a personas y organizaciones que reciban fondos internacionales a registrarse ante el Ministerio de Gobernación, ceder el 30% de esos recursos y someter sus actividades a supervisión estatal.

De acuerdo con declaraciones del presidente de la APES, Sergio Arauz, documentadas por Bryan Avelar, la medida no buscaba transparencia, sino control y sanción sobre el trabajo gremial. La falta de renovación de credenciales y trámites administrativos paralizados reforzaron la percepción de un bloqueo deliberado.

“Los periodistas trabajan bajo una espada de Damocles invisible”, expresó Arauz. La asociación continuará operando, pero desde el exterior, intentando resguardar a quienes aún ejercen dentro del país.

La autocensura como consecuencia inmediata

Ante este panorama, muchas redacciones han optado por modificar rutinas de trabajo. Algunas han disminuido la publicación de denuncias de corrupción; otras han optado por firmar investigaciones de manera institucional para no exponer a periodistas individuales. La autocensura se ha vuelto un mecanismo de supervivencia profesional.

No obstante, esto no implica la desaparición del periodismo crítico. Lo que se observa es una reconfiguración del ejercicio: redes colaborativas internacionales, investigaciones transfronterizas, plataformas de publicación descentralizadas y comunicación encriptada entre reporteros y fuentes.

Manzanares, al recoger la voz de Peña, subraya que “el periodismo sigue, aunque desde condiciones distintas y muchas veces dolorosas. Pero sigue”.

Impacto social y futuro incierto

La salida acelerada de periodistas no solo afecta al gremio, sino al conjunto de la sociedad. Una democracia requiere información contrastada, acceso a diversas voces y espacios para debatir decisiones públicas. Cuando la prensa se reduce, se silencia o se desplaza, el flujo de información queda en manos de una narrativa única.

Reporteros Sin Fronteras ha ubicado a El Salvador en el puesto 135 de 180 países en su Índice Mundial de Libertad de Expresión 2025, dos lugares por debajo del año anterior. La organización advierte que los periodistas que cubren temas de seguridad y corrupción enfrentan especial vulnerabilidad.

El futuro del periodismo salvadoreño se juega, en gran medida, en la capacidad de sostener esfuerzos colectivos de protección, formación y publicación. El desafío no es solo resistir, sino construir nuevamente las condiciones para que la prensa pueda ejercer su labor sin represalias.