La investigación incorpora nuevas diligencias mientras continúan las observaciones sobre la actuación policial, la diferencia en el peso del oro y la liberación de personas arrestadas durante el operativo.

El caso del cargamento de oro interceptado en el aeropuerto internacional de Viru Viru continúa generando cuestionamientos sobre la forma en que fue conducida la investigación desde sus primeras horas. A medida que la Fiscalía amplía las diligencias, siguen apareciendo observaciones relacionadas con la liberación de personas inicialmente arrestadas, la diferencia entre los kilos de oro reportados y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para este tipo de operativos. Las autoridades judiciales ya ordenaron nuevas actuaciones, mientras desde distintos sectores se exige que cada uno de los hechos sea aclarado con documentación y resultados verificables.
Observaciones al trabajo realizado durante el operativo
Las primeras dudas surgieron después de conocerse que varias personas que habían sido arrestadas recuperaron su libertad y que existían diferencias entre el peso del oro mostrado en registros fotográficos y la cantidad posteriormente reportada dentro del proceso.
El exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rubén Barrientos, explicó que esas observaciones responden a aspectos procesales que, de haberse cumplido y comunicado oportunamente, habrían reducido la incertidumbre generada alrededor del caso.
Según indicó, la actuación policial debía comenzar con la comunicación inmediata al fiscal de turno, el aseguramiento del lugar del hecho, el levantamiento de actas de secuestro del mineral y el traslado de las personas involucradas a dependencias policiales para definir su situación conforme establece la normativa.
Barrientos manifestó que esos procedimientos no sólo permiten sustentar la investigación, sino que también garantizan transparencia y seguridad jurídica durante toda la actuación policial.
«Las dudas son razonables», afirmó al sostener que la ausencia de información oficial permitió que surgieran distintas versiones sobre lo ocurrido durante el operativo.
El peso del oro sigue siendo uno de los puntos centrales
Entre los aspectos más observados figura la diferencia entre los aproximadamente 211 kilos de oro que aparecerían en las fotografías difundidas inicialmente y los 189,5 kilos que forman parte del proceso judicial.
Barrientos señaló que esa diferencia podría obedecer a criterios técnicos si una cifra corresponde al peso bruto del cargamento, incluyendo cajas, embalajes y otros elementos utilizados para el transporte, mientras que la otra refleja únicamente el peso neto del mineral.
No obstante, precisó que esa explicación debió presentarse desde un principio mediante un informe técnico respaldado por las actas correspondientes, evitando interpretaciones contradictorias sobre la cantidad de oro efectivamente incautada.
A criterio del exjefe policial, la principal dificultad surgió porque las autoridades no brindaron una explicación inmediata que despejara las dudas generadas desde el inicio del caso.
Las liberaciones también generan cuestionamientos
Otro aspecto que continúa bajo observación es la liberación de varias personas que inicialmente fueron arrestadas durante el procedimiento desarrollado en Viru Viru.
Barrientos explicó que todo procedimiento policial debe quedar plenamente documentado para permitir que la Fiscalía determine posteriormente la situación jurídica de cada involucrado. Cuando esas actuaciones no se desarrollan conforme a los protocolos o aparecen explicaciones posteriores, aumentan las interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Añadió que intentar corregir posteriormente actuaciones iniciales termina fortaleciendo una percepción de incertidumbre que pudo evitarse mediante el cumplimiento estricto del procedimiento legal.
Legisladores exigen esclarecer lo ocurrido
El diputado de Alianza Libre, Mario Herrera, pidió investigar el accionar de la Policía y sostuvo que un caso de esta magnitud requería un seguimiento permanente por parte de las máximas autoridades del área.
El legislador manifestó que el ministro competente debía conocer oportunamente las actuaciones realizadas y promover una investigación que permitiera establecer responsabilidades si existieron irregularidades.
Asimismo, indicó que la Policía tiene la obligación de actuar conforme a los protocolos institucionales, mantener informadas a las autoridades competentes y garantizar que procedimientos de esta naturaleza se desarrollen con absoluta transparencia.
Las críticas también llegaron desde la bancada de Unidad.
El diputado Álvaro Cazasola expresó dudas sobre la forma en que se desarrolló la investigación y cuestionó la actuación del Gobierno.
«Todo el Gobierno… No puede ser posible que no tengamos veracidad de la situación», declaró el legislador al referirse a las distintas versiones que surgieron durante los últimos días.
También sostuvo que el país necesita recuperar la confianza en las instituciones encargadas de investigar este tipo de hechos.
La investigación judicial continúa
En el ámbito judicial, el juez Fernando Daniel Mejía Gallardo ordenó la detención preventiva por 150 días en el penal de Palmasola para Adrián Lema Roca, de 22 años.
Durante la audiencia cautelar, el fiscal Gomer Padilla informó que el Ministerio Público presentó elementos suficientes para sustentar la probabilidad de autoría respecto a los presuntos delitos de contrabando, venta y compra ilegal de recursos minerales y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Padilla añadió que el investigado decidió ejercer su derecho constitucional a guardar silencio y no prestó declaración.
La resolución judicial también dispuso la incautación del cargamento, su remisión al Banco Central de Bolivia y la realización de un nuevo pesaje antes de formalizar su entrega.
Comparan el caso con otras investigaciones
El secretario general de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Luis Alberto Ruiz, manifestó que la desaparición de evidencias en investigaciones de alto impacto se ha repetido en otros procesos desarrollados en los últimos años.
Recordó que anteriormente también se denunciaron pérdidas de objetos relacionados con otros casos y sostuvo que esos antecedentes alimentan la preocupación sobre la preservación de la cadena de custodia.
Según Ruiz, el Ministerio Público suele intervenir cuando varias actuaciones ya fueron ejecutadas, situación que, a su juicio, dificulta reconstruir completamente la secuencia de los hechos.
Solicitan cambios dentro de la FELCC
El diputado Rolando Pacheco pidió al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destituir al director departamental de la FELCC de Santa Cruz, coronel Jhonny Coca, después de que éste calificara como un «error procedimental» la liberación de personas inicialmente arrestadas.
El legislador sostuvo que solicitará peticiones de informe para identificar a todos los funcionarios que participaron en las decisiones adoptadas durante el operativo.
Además, anunció que pedirá la triangulación de llamadas telefónicas, el secuestro de teléfonos celulares y la intervención de la FELCC de Satélite Norte como parte de las actuaciones destinadas a establecer responsabilidades.
Fiscalía amplía el alcance de las investigaciones
El fiscal departamental Alberto Zeballos informó que las investigaciones continúan abiertas y que cualquier persona que pueda aportar información relevante será convocada a declarar.
Precisó que el Ministerio Público solicitará registros telefónicos, ubicación y georreferenciación de llamadas para establecer si existieron comunicaciones entre autoridades del Ministerio de Gobierno, la Aduana Nacional, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) y otras instituciones vinculadas al caso.
Zeballos también confirmó que las investigaciones no se concentrarán únicamente en el imputado que actualmente guarda detención preventiva, sino que alcanzarán a comercializadores, importadores, acopiadores y cualquier persona natural o jurídica que pudiera haber intervenido como autor, cómplice, partícipe o encubridor.
La autoridad añadió que existen indicios de documentación presuntamente falsificada. Explicó que el SENARECOM informó que el formulario M03 presentado durante el procedimiento no fue emitido por esa institución y confirmó que ya fue identificada una empresa vinculada al cargamento investigado. La Fiscalía no descarta nuevos allanamientos, citaciones y otras actuaciones mientras continúa el proceso destinado a esclarecer cada una de las observaciones surgidas en el denominado caso «oro-maletas».