Fueron consideradas crímenes de lesa humanidad. Tribunal fijó penas de cárcel y determinó que los acusados paguen la suma de 100 000 soles a las víctimas.
El Poder Judicial de Perú condenó este miércoles a diez exmilitares por múltiples abusos sexuales cometidos contra nueve mujeres de los distritos de Manta y Vilca, en la región de Huancavelica, entre los años 1984 y 1995, durante el período del conflicto armado interno que sacudió al país.
La Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó a diez años de cárcel a Rufino Donato Rivera Quispe, Vicente Yance Collahuaco, Epifanio Delfín Quiñones Loyola, Amador Gutiérrez Lisarbe, Arturo Simarra García, Lorenzo Inga Romero; 12 años de prisión para Sabino Rodrigo Valentín Rutti; ocho años para Martín Sierra Gabriel y seis a Pedro Pérez López.
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En el caso de Julio Julián Meza García, Gabriel Carrasco Vásquez y Gutiérrez Herrera, se reserva el juzgamiento, ya que se encuentran en calidad de reos contumaces. Además de fijar las mencionadas penas, el Tribunal determinó que cada acusado pague la suma de 100.000 soles (más de 26.000 dólares) a cada una de las víctimas.
Según la organización feminista peruana Demus, el proceso penal, iniciado en 2009, fue suspendido en el 2018 por falta de imparcialidad en los magistrados que integraban el Colegiado B de la Sala Penal Nacional.
El Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia muestra que durante el conflicto armado interno, entre 1980 y 2000, más de 5.300 mujeres fueron víctimas de abuso sexual.
En 1984 el ejército se instaló en la comunidad de Manta para tomar el control de la zona. A partir de allí comenzaron las denuncias de violaciones sexuales a mujeres de la localidad, incluyendo menores de edad.
Esas denuncias fueron incluidas en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en 2003, permitiendo que la fiscalía provincial iniciara las investigaciones preliminares.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) aseveró en la red social X que la sentencia emitida representa para Perú una condena histórica en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad.
Vía teleSUR