Santa Cruz y Beni tienen sus limites definidos en una ley imprecisa elaborada en 1914. Beni reclama el territorio bajo el argumento del un desplazamiento en el punto de partida. Afirman que este punto debe desplazarse cinco kilómetros hacia la comunidad Bella Vista y no el barrancón de Bella Vista. En la duda pasaron más de 100 años. El conflicto volvió a resurgir con el censo 2024.

Este lunes, se retoman las reuniones técnico jurídicas para revisar los límites departamentales. Las declaraciones previas emitidas por los responsables de ambas gobernaciones auguran un trabajo responsable que incluirá la visita a los hitos limítrofes en discusión.

En esta oportunidad, se contempla la participación de otras autoridades tanto municipales como indígenas en la reunión, hecho que no sucedió en la última reunión sostenida el 22 de abril en Cochabamba.

En octubre de 2023, el Decreto Supremo 5050, establece una información geoespacial actualizada sobre los límites de las entidades territoriales (municipios y departamentos) para aprobar la cobertura de límites de dichas entidades integradas por el SIOT (Sistema de Información de Organización Territorial). El DS 5050, sujeto a la ley 339, dispone que Piso Firme sea contado en el censo de 2024 para Beni; decisión que, a criterio de los técnicos de la Gobernación de Santa Cruz fue unilateral.

La comunidad Piso Firme fue censada para Santa Cruz después de negociaciones y acuerdos entre autoridades del INE y representantes regionales. Quedó pendiente el trabajo técnico sobre límites de cada departamento.

La gobernación de Santa Cruz envió a los técnicos de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Límites para verificar el punto referencial. La Ley de 1914 genera una orientación confusa. El texto indica que “tomando como arranque delimitador un punto sobre el río Iténez a cinco kilómetros arriba del caserío del barrancón de Bella Vista, ubicados entre los ríos Paraguá y Verde,…”. En tal sentido, se hicieron las verificaciones según las cuatro interpretaciones.

Del barrancón de Bella Vista, donde se puso un hito, se recorrió sobre el río Iténez aguas arriba los 5 kilómetros; y también la misma distancia en un radio hasta tocar un punto del río. El mismo ejercicio se hizo aguas abajo. En las cuatro interpretaciones de la ley, Piso Firme quedó en territorio cruceño. La conclusión de los técnicos fue que se está confundiendo el barrancón de Bella Vista con la comunidad de Bella Vista. Explican que el Instituto Geográfico Militar, el año 1936, tomó de referencia la comunidad que se había trasladado desde el barrancón hasta otro punto distante. Este traslado se realizó en la década de los veinte, tras la debacle de la goma.

Tensión entre gobernaciones

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental,  Zvonko Matkovic, se hace eco del reclamo de los comunarios de Piso Firme. Hasta allá, se hicieron presentes los agentes censales de Beni y despertó l a inquietud de los pisofirmeños. Restaban tres semanas para la realización del Censo

La cartografía que manejaba el INE ubicaba a Piso Firme en el departamento de Beni. El ejecutivo departamental, recientemente reestructurado por la suplencia temporal del gobernador, no se movilizó de inmediato. Aseguró que todo estaba bajo control. 

Las declaraciones del gobernador de Beni desataron la polémica. Alejandro Unzueta insiste que la comunidad pertenece al departamento de Beni.

En abril, una vez realizado el censo, la ALD cruceña sesiona en Piso Firme. Adelanta la sesión legislativa para no incurrir con una disposición judicial emitida en Beni para impedir dicha convocatoria.

Días después, un juez de Beni anula la sesión y los actos emanados de ella. En la misma sentencia, restringe los actos administrativos o protocolares en Piso Firme

En un comunicado, el gobernador Unzueta precisó que en adelante se relacionarían únicamente entre gobernadores y técnicos de ordenamiento territorial y límites. En la ecuación negociadora también incluye al viceministerio de Autonomías, Álvaro Ruíz, en su rol de conciliador.

De esta manera, apartó del problema a los legisladores cruceños y posicionó la discusión entre el personal técnico y jurídico de cada ejecutivo.

Mesa técnica, en lugar neutral

El 22 de abril en Cochabamba, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, recibió a los gobernadores de Beni y de Santa Cruz. Las autoridades acordaron resolver la cuestión limítrofe desde una mirada 100% técnica, sin interferencias.

La decisión despertó susceptibilidad entre las caciques de Piso Firme que siguieron la reunión sin ingresar a la sala.

La reunión retomó la ley de 1914. Se repasaron los cinco puntos para trazar los límites. Beni está de acuerdo con todos puntos. Santa Cruz observa dos: El barrancón de Bella Vista (Piso Firme) y la Cachuela Chapacura (Prov. Guarayos). En la segunda observación cruceña, hay tres cachuelas y Beni toma la que está ubicada más al sur, lo que se traduce en medio millón de hectáreas de territorio en la franja que Beni reclama pertenencia.

¿Qué pasa si no prospera la conciliación?

Según lo referido por el ministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, si el trabajo de la mesa técnico-legal no logra el consenso de las partes, el viceministerio (como ente conciliador) derivará el diferendo al Poder Judicial. Es decir, un juez decidirá sobre el territorio en cuestión. 

La opción presentada por el viceministro levanta más suspicacias aún. Desde Santa Cruz, se alega que los diferendos entre municipios se resuelven de acuerdo a la ley 339. La norma contempla la consulta a los habitantes de la entidad territorial para que decidan a qué municipio quieren pertenecer. En opinión de Ruíz, no se puede aplicar dicha ley en el caso de dos departamentos.

A criterio del constitucionalista José Luis Santistevan, en conflictos interdepartamentales no hay referéndum porque lo excluye la ley Marco de Autonomías. Corrobora la posición del viceministro. Si no hay consenso, el caso acabará en el Tribunal Supremo de Justicia y no en el Tribunal Constitucional Plurinacional. 

El procedimiento de la ley 339 concluye con una sentencia del TSJ y eso se remite a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se haga ley, ya que los limites son definidos por esa norma.

El segundo elemento que marca Santistevan está enfocado en el territorio. Piso Firme no es un Territorio Comunitario Indígena Campesino Originario; es decir, no forma parte de Monteverde que es el territorio saneado para la nación chiquitana reconocido por ley. 

Es más, Piso Firme es parte del municipio de San Ignacio de Velasco, pero no tiene representante indígena, por uso y costumbre, en el concejo municipal.

A pesar de ello, el constitucionalista considera viable que el Pueblo Indígena Chiquitano, mediante sus propios mecanismos de deliberación, puede exigir la consulta bajo el principio de la “Autodeterminación de los pueblos indígenas”

Vía El Deber

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