Una estrategia foránea estaría en marcha para debilitar el proceso electoral boliviano, según expertos y denuncias recientes.

(Nota elaborada a partir del artículo original de Jorge Petinaud Martínez, corresponsal jefe en Bolivia, publicado por Prensa Latina)

A medida que Bolivia se acerca a los comicios generales del próximo 17 de agosto, surgen señales de una estrategia internacional que buscaría replicar el guion aplicado en Venezuela para deslegitimar resultados electorales adversos a ciertos sectores. Así lo alertó la politóloga Helena Paz, citando declaraciones del empresario Marcelo Claure, quien desde el exterior impulsa acciones similares a las promovidas por María Corina Machado en el país caribeño.

Claure, nacionalizado estadounidense y con intereses en la poderosa firma minera Ausenco —involucrada en el negocio del litio, cuya mayor reserva mundial se encuentra en Bolivia—, indicó en televisión su intención de “evitar un fraude” en Bolivia utilizando métodos de control electoral tomados de la experiencia venezolana. Para Paz, el plan incluye la elaboración de un conteo paralelo, la diseminación de actas presuntamente falsas y el respaldo de organismos internacionales como la OEA.

La estrategia, sostiene Paz, tendría tres componentes clave: desacreditar al Tribunal Supremo Electoral acusándolo de parcializado, denunciar manipulación en el conteo oficial de votos y cuestionar la legitimidad del padrón electoral, en especial del voto en el extranjero. Todo esto en un contexto de fractura interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), donde las candidaturas de Evo Morales, Luis Arce y Andrónico Rodríguez compiten con virulencia.

Red de plataformas con conexiones externas

En este marco, fue lanzada la iniciativa “Cuidemos el Voto”, presentada como una plataforma nacional integrada por 29 organizaciones y colectivos. Su vocera, Jhanisse Vaca Daza —directora de la ONG Ríos de Pie y figura clave del golpe de 2019 según varios analistas—, llamó a usar “tecnología y compromiso” para salvaguardar la democracia.

La Época denunció el pasado 28 de mayo que esta campaña forma parte de un “pacto secreto” entre sectores de la oposición boliviana, presuntamente promovido por funcionarios estadounidenses en Miami. El excanciller Ronald McLean, con pasado político en gobiernos conservadores, habría revelado la existencia del encuentro, del cual participó también Samuel Doria Medina, representante de Unidad Nacional, y líderes de Comunidad Ciudadana y Creemos.

La publicación destaca que la articulación entre estos sectores estaría impulsada por la Fundación Ríos de Pie, que en el pasado habría recibido fondos de la USAID, agencia del Gobierno de EE.UU. identificada por analistas como Eva Golinger y Jean Guy Allard como una herramienta de injerencia política.

Estos expertos, basándose en archivos desclasificados del Departamento de Estado y la CIA, describen cómo a través de ONGs, se opera para socavar gobiernos que mantienen posturas soberanas. Bolivia, por su enorme reserva de litio y su estrategia económica independiente, se ha convertido en un objetivo de estos intereses, afirman.

La sombra de Miami sobre los comicios bolivianos

Aunque no todos los partidos opositores participaron en la mencionada reunión, las fuentes citadas por La Época aseguran que se trató apenas del primer paso hacia una coalición unificada que enfrente al MAS en agosto. El objetivo: articular una plataforma electoral potente que pueda, en caso de resultados desfavorables, sembrar dudas sobre la transparencia del proceso y activar presiones externas.

De concretarse, esta operación podría derivar en un escenario de confrontación política e institucional. Sectores populares ya advierten sobre la injerencia extranjera en asuntos internos. En este ambiente, cualquier denuncia de fraude —como ya ha ocurrido en otros países latinoamericanos— podría ser utilizada para desestabilizar el país y bloquear el reconocimiento internacional del Gobierno electo.

Para Paz, la clave es entender que detrás de la narrativa de “defensa de la democracia”, se oculta una estrategia para condicionar el rumbo político del país y poner en duda el sistema electoral boliviano. “No se trata de observación ciudadana, sino de una operación de presión externa con componentes políticos, económicos y geoestratégicos”, afirmó.

Mientras tanto, desde el oficialismo y algunos sectores progresistas se llama a reforzar la vigilancia nacional sobre el proceso electoral y a garantizar un clima de paz y participación ciudadana.